Los dos grandes "agujeros" que Conesa se encontrará en el Port

El Port de Barcelona cambiará de gestor el próximo mes. Sixte Cambra se va y se quedará en su lugar Mercè Conesa, hasta ahora presidenta de la Diputación y alcaldesa de Sant Cugat del Vallès. Y presidenta del PDeCAT, que no es poco. Pero a Conesa le queda una patata caliente, igual que le quedó en la Diputación cuando Salvador Esteve se retiró tras el primer escándalo de desvío de fondos de cooperación internacionales hacia bolsillos privados.

En el Port, a Conesa el pasará algo parecido: hereda un regalo que puede estar envenenado, en parte porque, aunque se ha querido vender la gestión empresarial como modélica durante los últimos siete años, hay muchos puntos oscuros y, por si fuera poco, hay una investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre algunas adjudicaciones realizadas por Sixte Cambra.

La Audiencia investiga dos grandes operaciones de obras públicas en el Port durante los pasados años que pudieron reportar a Convergència Democràtica cientos de miles de euros en comisiones ilegales. En el epicentro de la trama están el propio Sixte Cambra y el exteniente de alcalde de la ciudad, Antoni Vives, también exresponsable de Urbanismo con Xavier Trias como alcalde.

Según un auto del juez José de la Mata, titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, tanto Cambra como Vives ayudaron a poner en marcha una infraestructura para financiar ilegalmente a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) mediante donaciones ficticias a fundaciones ligadas al partido, como la CatDem y Fòrum Barcelona. En realidad, el dinero que llegaba de las constructoras que se adjudicaban obras públicas eran simples mordidas a cambio de los contratos públicos.

CÓMO PAGABAN LAS MORDIDAS

Una de las operaciones del Port que se investigan es la obra del Dique del Este, que fue licitado a finales del 2011 por 36,6 millones de euros. En febrero del 2012, el presidente de la institución, Sixte Cambra, se reunió con el tesorero de Convergència, Andreu Viloca, para hablar del tema. La reunión fue propiciada por Xavier Tauler, entonces consejero delegado de la constructora Copisa. Este directivo dejó reflejado en su agenda el encuentro, así como el resultado del mismo, que le transmitió Viloca al día siguiente. Tauler trabajaba entonces con plenos poderes en Copisa y los propietarios de esta compañía desconocían sus pasos y sus pactos políticos.

Lo cierto es que Tauler (íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola desde que en su juventud veraneaban en Vilassar de Dalt) se hizo con la adjudicación, en la que debían entrar también las compañías Comsa (propuesta por Cambra y propiedad de la familia Miarnau, muy vinculada a Convergència), Acsa y Benito Arnó e Hijos. Tauler donó 50.000 euros a las fundaciones de  Convergència tras la adjudicación, aunque en un documento se recoge que ésa fue la cantidad que pagó cada una de las empresas que conformaban la UTE (unión temporal de empresas).

La otra operación del Port bajo sospecha es la de los nuevos accesos sur. Respecto a esta obra, existe constancia de reuniones de Cambra con el tesorero de CDC, Andreu Viloca, y con el responsable de Finanzas, Francesc Sánchez, para hablar del concurso. Las obras fueron adjudicadas a otra UTE, de la que formaban parte Acsa, Copisa y VOPI-4.

UNOS RESULTADOS PREVISIBLES

Pero la sucesión de hechos que llevaron a la adjudicación es más estrambótico todavía: Tauler habla con el tesorero de Convergència el día 16 de diciembre de 2013. En esa reunión, acuerdan que su compañía donaría a las fundaciones adscritas a Convergència dos remesas de 30.000 euros cada una. El 24 de febrero del 2014, dos meses después, Tauler concreta otra reunión y anota en su agenda: “Acsa-VOPI-4”. Una coincidencia que no ha pasado desapercibida para los investigadores. Ese día, acuerda con Viloca otra aportación de dos donaciones más de 30.000 euros cada una, que se materializan con sendos cheques el día 27 de febrero. Un mes más tarde, el 26 de marzo, Sixte Cambra otorga el contrato de los nuevos accesos sur a la UTE que figuraba en la agenda de Tauler un mes antes.

Lo curioso del caso es que en ambas operaciones intervino también Antoni Vives, que como responsable de Urbanismo de Barcelona y presidente de la sociedad municipal de BIMSA estaba en el consejo de administración del Port, como vicepresidente del mismo. El cargo le venía dado por su representación como Ayuntamiento de Barcelona.

Según el auto del juez De la Mata, hubo reuniones políticas para negociar la incorporación de empresas en UTES y adjudicarles obras. Así, en un párrafo del texto judicial se especifica que “ACS-Comsa fue finalmente beneficiada en el caso Dique del Este. 15 días antes de esta conversación entre Vives y Cambra sobre la conveniencia de encuadrar a Comsa en la futura ppp (participación público privada), aconteció una reunión entre Cambra y Viloca el 7 de febrero de 2012”.

Demasiadas coincidencias en operaciones muy complejas que sólo tenían en común a sus protagonistas y unos previsibles resultados de concursos que se conocían de antemano. O, al menos, que ya conocían los principales protagonistas de la trama.