“Hoy el Ayuntamiento se encuentra bajo mínimos en la construcción de vivienda pública y este pobre balance ha llevado a los responsables municipales a desviar la atención hacia cambios legislativos importantes, pero que no son competencia municipal”. Esta contundente afirmación se encuentra en un detallado informe confeccionado por el PSC sobre la situación de la vivienda pública en la ciudad de Barcelona, que arremete contra la política municipal llevada a cabo por la alcaldesa, Ada Colau, que ha sufrido revés tras revés en sus iniciativas políticas.
“La alcaldesa no ejerce en lo que tiene competencia y centra su atención en reformas que dependen de otras administraciones”, asegura el informe encargado por el líder socialista en el consistorio, Jaume Collboni, al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta. Prueba de ello es la petición de Colau de destinar el 30% de la vivienda construida a vivienda social. Lo que oculta la alcaldesa es que ésas no son sus competencias (o sea, no puede exigir ese porcentaje a los constructores), sino que son de la Generalitat, por lo que los municipios no pueden hacer nada al respecto.
La radiografía de la situación en materia de vivienda, sin embargo, es alarmante. Según el informe aludido, en estos momentos hay un récord histórico de inscritos en el registro de solicitantes de vivienda pública en la capital catalana de 36.577 personas. “Al ritmo actual, el último de los que están esperando hoy no recibirá la llave de un piso hasta de aquí a 400 años”, subraya el informe. Del total de estas personas, 24.360 son jóvenes menores de 35 años.
¿A qué se debe esa situación? Pues a que, según el PSC, existía un ambicioso plan de vivienda, pero no se está ejecutando. “Preveemos un máximo de 730 viviendas públicas nuevas a final de mandato, cuando en los mandatos socialistas recientes se construían 4.000. Nos encontramos en un mínimo histórico”. Asimismo, señala el texto que hay 82 solares disponibles para vivienda asequible donde podrían construirse 1.565 viviendas públicas, pero todos los proyectos están paralizados.
UN COSTE DISPARADO
Otra cosa es la adquisición de edificios por parte de consistorio: “Buena parte de las viviendas adquiridas no se han adjudicado. El coste medio es un 50% superior a lo que cuesta producir una vivienda pública nueva”, dice el informe. A este respecto, aporta números y datos: “El precio medio de una vivienda pública de nueva construcción es de unos 100.000 euros. En cambio, el precio medio de compra de vivienda por parte del Ayuntamiento en 2017 ha sido de aproximadamente de 143.000 euros por vivienda e incluso hay casos en los que cada vivienda ha costado cerca de 230.000 euros. Por lo tanto, en promedio, el coste de una vivienda comprada (compra directa o ejercicio de tanteo y retracto) ha supuesto un 50% más que lo que supondría construir una vivienda nueva”. Por si fuera poco, mucha de la vivienda que compra el Ayuntamiento tiene contratos de alquiler en vigor y, por tanto, no se puede reducir la cifra de peticionarios de vivienda protegida. En otras palabras: esa vivienda deja de tener utilidad pública.
Desde que Colau gobierna Barcelona, el Ayuntamiento compró un total de 394 viviendas, de las que 328 no han sido adjudicadas. De ellas, 257 provienen de la compra directa o derecho de tanteo, mientras que 137 son fruto de la cesión de usufructo firmada con la Sareb y BuildingCenter, pero de ellas se han adjudicado sólo 31.
Según los últimos indicadores, el precio medio de alquiler en la ciudad es de 877,28 euros, debido al brutal crecimiento del último año, en que se disparó un 9,5%. El precio de las compraventas también se ha incrementado durante al año pasado un 17,6%. A ello, se suma que muchos inquilinos se ven afectados “por cláusulas restrictivas y condiciones contractuales difíciles de garantizar, que suponen una barrera de acceso al contrato de alquiler”. Por si fuera poco, un 60% de las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes y un 42,5% de las familias destina más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, “la tasa de sobrecarga más elevada de Europa”. Según las estimaciones de los expertos, en Barcelona, un hogar “debería contar con unos ingresos mensuales de 2.851,54 euros netos para no tener que destinar más del 30% a gastos de vivienda”.
ENVEJECIMIENTO DE LOS ASPIRANTES
Pero, ¿quién espera una vivienda protegida en Barcelona? Según la memoria del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, se ha duplicado en número y porcentaje las unidades familiares con menos ingresos y ha habido un envejecimiento de las personas inscritas. Hasta 2010, eran mayoritariamente jóvenes. En 2016, un 54% tenía entre 35 y 65 años y un 13,5% más de 65 años. Además, según el consorcio, “desde el 2010 casi se ha duplicado el porcentaje de solicitantes que tienen uno o más miembros con discapacidad (se ha pasado del 10% en 2010 al 19% en 2016 en unidades de convivencia)”.
Los socialistas destacan también en su informe que “los desahucios no se han detenido. Entre 2013 y 2016, se han ejecutado 12.322 desahucios en la ciudad, lo que representa que 1 de cada 55 hogares ha perdido la vivienda entre 2013 y 2016”. Además, sostiene que “la mesa de emergencias sociales vive un colapso sin precedentes, con 370 casos acumulados pendientes de dar respuesta a febrero de 2018”. Y aduce que se mantienen los casos de emergencia social pero se reduce el ritmo de adjudicación de la mesa de emergencias, debido precisamente a la reducción del número de viviendas que el Ayuntamiento destina anualmente a emergencia social. “En el año 2016, se pusieron a disposición de la mesa de emergencia 363 viviendas, mientras que en 2017 únicamente se pusieron 213, una reducción de un 40%”, dice el informe.
LAS ODIOSAS COMPARACIONES
También critica las políticas poco eficientes de rehabilitación y establece comparaciones a lo largo de la última década: en tiempos de Jordi Hereu, el número de viviendas beneficiadas con ayudas para rehabilitación llegó a casi 40.000 al año y, en todo caso, nunca bajaron de 22.500. En tiempos de Xavier Trias, los números cayeron hasta las 2.068 del año 2014, cuando en 2011 eran 11.731. Con Colau, las ayudas volvieron a subir en 2016 situándose en 12.337. En cuanto a construcción, los números también cantan: “Durante el mandato de Hereu, en plena crisis económica, se hicieron un promedio de 1.000 viviendas/año. Y durante el de Trias, 300 viviendas/año. El mandato actual, el promedio es de 60 viviendas/año y se prevé una media de 120 viviendas/año (febrero 2018) a final de mandato”.
El PSC destaca también que en tiempos de Hereu se creó la bolsa de alquiler asequible, que ahora está en mínimos históricos. Desde el último alcalde socialista, asegura el informe, “se ha reducido a una tercera parte la incorporación de viviendas a la bolsa de alquiler asequible de la ciudad”. Durante el mandato de Hereu, se incorporaron a esa bolsa 919 viviendas. En tiempos de Xavier Trias, lo hicieron 537. Entre 2015 y 2017, sólo lo hicieron 278 viviendas. “La actual alcaldesa prometió en su campaña electoral que construiría 8.000 viviendas protegidas en el presente mandato. Después anunció 4.000 y con el plan por el derecho a la vivienda 2016-2025 se prevén 3.200 tanto de promoción pública como de otros operadores”, denuncia el informe. Este plan, aseguran, prevé construir 1.400 viviendas por año, pero “es inalcanzable con los recursos que está destinando el Ayuntamiento.
La realidad es que desde mayo de 2015 a marzo de 2018, el Instituto Municipal de Vivienda ha adjudicado únicamente 4 promociones de vivienda en al ciudad, un total de 272 viviendas, todas ellas programadas durante el mandato de Jordi Hereu”. De estas viviendas, 167 “son para afectados urbanísticos y, por tanto, no reducen la lista de espera de solicitantes de vivienda protegida”.