El Tribunal Supremo da otro disgusto a Colau

A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se le acumulan los problemas sobre la mesa. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acaba de rechazar un recurso del Ayuntamiento y, por lo tanto, obliga al consistorio a pagar los intereses de los atrasos que durante años el Ayuntamiento adeudó a los 13.000 empleados municipales. El Supremo también condena a la Administración local barcelonesa a pagar 2.000 euros en costas.

Con ello, valida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 17 de julio de 2017, que condenaba al consistorio a pagar los intereses de los atrasos. El inicio del pleito fue una demanda de CCOO en el año 2009, reclamando el aumento del 1% en los salarios correspondientes a los años 2007 y 2008. Tras un largo pleito con continuos recursos por parte del Ayuntamiento, éste acabó siendo obligado a pagar no sólo los atrasos del 1% de aquel año, sino a consolidar ese aumento en la masa salarial y a pagar el aumento de los años posteriores, hasta el 2016.

Después de que CCOO hubiese ganado el pleito, la central Acció Sindical Independent (ASI) interpuso un pleito que afectaba a 15 trabajadores, que reclamaban los intereses del dinero que el Ayuntamiento adeudaba desde años antes de sus empleados. La decisión del Supremo hace referencia a este segundo pleito, dando la razón a la plantilla.

Desde los sindicatos, se apunta a que lo mejor ahora es “que el Ayuntamiento nos llame y miremos o negociemos cómo devolver ese dinero. Que no nos hagan una extensión de la sentencia, porque eso alargaría los procedimientos y significaría más gasto de dinero público, ya que habría que interponer demandas individuales. Nosotros estamos dispuestos a negociar para no judicializar más el tema”.

UNA IRRESPONSABILIDAD

Hasta ahora, el consistorio había argumentado en varias ocasiones que no sabía cómo pagar las indemnizaciones a que era condenado. Era una excusa recurrente durante años. Ello supuso que, a la postre, la Administración local siempre haya tenido que pagar las costas de los juicios. “Es una irresponsabilidad recurrir, porque acabaremos con el Ayuntamiento condenado de nuevo y el ambiente enrarecido”, advierten desde los sindicatos.

Lo más sencillo, pues, es “sentarnos a hablar y entre todos seguro que encontraremos una solución”. De momento, al parecer, el Ayuntamiento tiene ya consignados los fondos con que ha de zanjar la cuestión, porque cuando se inicia un pleito en el que haya posibilidad de perder, inmediatamente se apartan los fondos para el caso de que haya condena. Esa situación, además, facilitaría la salida normalizada del conflicto. Según algunas fuentes, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ya había confirmado que los fondos, que pueden subir a varios millones de euros, están consignados.

Para los representantes de los trabajadores, el pleito iniciado por CCOO se endureció por la actitud del consistorio que ya presidía el convergente Xavier Trias. “Fue el gobierno de Trias el que comenzó a interponer recursos contra todas las sentencias que se iban dictando. Ellos son los responsables de que no se aplicara el aumento del 1% al que obligaba la ley, pero el final del conflicto se lo han comido otros por herencia.

EN EL PEOR MOMENTO

Lo malo es que este nuevo revés le llega a Colau en uno de los momentos más delicados de su mandato, cuando toda la oposición la obliga a fiscalizar las cuentas y mientras la acusan de programar recortes importantes (que incluso pueden afectar a algunas de las más importantes obras públicas que se han acometido este verano) ante las previsiones de una bajada importante de los ingresos municipales que, en ningún caso, bajarán de los 26 o 29 millones de euros.

El pleno de este viernes reprobó al gobierno municipal por su “mala gestión económica” y por la falta de transparencia del equipo de Colau. Pisarello se enrocó en la afirmación de que no habrá recortes y que, en todo caso, la bajada de ingresos sólo se afectaría en un 1% al presupuesto municipal, “si se confirma la reducción y si el Estado y la Generalitat no cumplieran con las obligaciones para con Barcelona”.

Pero la oposición en pleno ha cargado contra el equipo y juntamente con la reprobación de la gestión, aprobaron la creación de una comisión no permanente de seguimiento de las inversiones y la ejecución del presupuesto. Con el desenlace del último pleito, las cuentas de Barcelona están un poco más afectadas.