Diferentes colectivos de vecinos, comerciantes y empresarios de la Barceloneta estudian presentar una querella por prevaricación contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por su permisividad con el top manta, según ha podido confirmar de fuentes solventes a Metrópoli Abierta. El tema ya está en manos de abogados, después de que las numerosas conversaciones con el consistorio no hayan dado fruto alguno para desterrar a los ilegales del barrio.
Las fuentes explican a este diario que los negocios del top manta les perjudican en sumo grado pero que desde las instancias oficiales no se hace nada para erradicarlo. La desfachatez del Ayuntamiento ha llegado a tal punto que las excusas dadas por la Administración a los vecinos para sacar a los manteros de la acera sur del paseo Joan de Borbó es que “esa zona no pertenece a la ciudad, sino que es competencia de la policía portuaria y, por tanto, la Guàrdia Urbana no puede actuar en ella”.
Una fuente vecinal afirma a Metrópoli Abierta que “esa es una excusa indecente. "¿Cómo pueden decir que no es competencia del Ayuntamiento una zona de la ciudad? ¿Es que acaso no es una zona urbana? ¿Y si se produce un altercado, un accidente o un homicidio la Policía local se desentendería?”. Lo cierto es que el equipo municipal de gobierno no tiene interés en meter mano al asunto de los manteros y prefiere que el problema se perpetúe en el tiempo para tener contentas a sus bases electorales.
Paradójicamente, los negocios que están en la misma acera, a pocos metros de las mantas, pagan religiosamente los impuestos. De ahí que las protestas del cabreo estén lideradas por dos de los restaurantes emblemáticos de la zona, que aportan un dineral anualmente a las arcas municipales, uno del Palau de Mar y otro del mismo paseo Joan de Borbó.
LOS INCÓMODOS VECINOS
“Resulta que estos locales sí que están en zona urbana pero los manteros no. Es una desfachatez total, una prevaricación como la copa de un pino. Los locales pagan un pico por estar abiertos y más aún por tener terraza y ellos sí que parece ser que están dentro de territorio municipal, pero a la hora de reclamar que sus vecinos tengan el mismo trato, se encuentran con que los responsables municipales miran hacia otro lado y se ríen de ellos”, aseguran desde fuentes vecinales. Se trata, pues, de una discriminación municipal que genera una gran tensión local y que convierte a los manteros en unos incómodos vecinos por cuanto son mimados por el equipo de gobierno.
La oposición ha pedido en varias ocasiones a Ada Colau que tome medidas contar el top manta. El líder del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz, reclamó este mes de julio un plan de choque para solucionar el problema y que el Ayuntamiento se adhiera al acuerdo de la Plataforma de Afectados por el Top Manta y la Venta Ilegal.
El pasado 22 de junio, los grupos municipales firmaron un acuerdo que defiende “un espacio público digno para todos”. El tema iba a convertirse en una declaración institucional, pero ERC se descolgó del mismo en el último momento. Según Fernández Díaz, la permisividad de Colau ha funcionado como un efecto llamada y en sus tres años de mandato los manteros se han multiplicado por cinco, “pasando de 400 a aproximadamente 2.000, de ellos unos 1.000 en la Barceloneta, convirtiendo las calles, las playas y el metro en un gran zoco de venta ilegal”.
LA OPOSICIÓN, CRÍTICA
El líder popular denunció también que el equipo de gobierno municipal no sólo tolera esta situación, sino que destinó un millón de euros a una cooperativa de manteros “cuando el top manta representa la competencia desleal al comercio que crea empleo y genera actividad económica”. Según Fernández Díaz, a los manteros se les perdonan desde la Administración siete tasas, entre ellas la de la ocupación del espacio público, IVA, IRPF, Seguridad Social o el acta censal de la actividad empresarial.
También el PDeCAT se muestra muy crítico con la situación, reclamando a Colau que cumpla la normativa municipal y apoye las reivindicaciones del comercio local y de los vecinos. En la misma dirección se pronunció Ciutadans, que denuncia que la proliferación del top manta destruye negocios y puestos de trabajo y vulnera derechos sociales. Esta vulneración se produce tanto en los vecinos como en los propios vendedores ambulantes, que son explotados por las mafias y que encuentran que su situación de explotación es bendecida por el Ayuntamiento barcelonés. Además, añaden, “favorece la economía sumergida, no ayuda a los más vulnerables y pone en peligro a los consumidores, que adquieren productos falsificados”. Los vecinos tomarán ahora la iniciativa para denunciar en los juzgados lo que el consistorio no quiere solucionar en los despachos.