¿Alguien controla al controlador? Sí: un amigo de Colau. El último trimestre, el Ayuntamiento de Barcelona encargó una serie de informes relacionados con el turismo. Uno de ellos trataba del “perfil turístico derivado de las encuestas de turismo”. Fueron 12.947 euros para la empresa Medusa Cultura. La compañía Vivential Value Consulting se embolsó otros 18.150 euros por un estudio sobre el “análisis de la reputación turística on line de la ciudad de Barcelona. Pero otro nombre se suma al listado de expertos en la materia: Nicola Tanno, que se embolsó 17.424 euros por el “seguimiento y control de calidad del trabajo de campo de las encuestas de turismo 2018”. O sea, será algo así como un controlador de calidad del sector.

La empresa Medusa Cultura, creada en 2010, tiene un solo trabajador, según la propia información que aporta en la red Linkedin. Su promotor es el activista político, gestor cultural y sociólogo Eduard Arderiu.

Por su parte, vivencial Value Consulting se vende como empresa especializada en “inteligencia turística online” que “provee de estudios de identidad y reputación online a destinos y empresas turísticas líderes en mercados locales e internacionales”. Según su perfil, además de informes y proyectos de innovación diseñan e implementan la estrategia de reputación online “de territorios turísticos que quieren mejorar en competitividad en el contexto de destinos inteligentes, gracias a la explotación del bigdata reputacional disponible en Internet”. En el 2016, realizó el estudio de reputación de las playas de la demarcación de Barcelona para la Diputación, así como un informe sobre la reputación turística online de la provincia de Barcelona.

El trabajo de ambas empresas, no obstante, será mirado con lupa por los responsables del Ayuntamiento. La calidad de los trabajos que se hagan en este ámbito será en el futuro responsabilidad de Tanno. Entre sus cometidos está la revisión y corrección de los resultados de la encuesta de 2017, la correcta implementación del cuestionario del 2018, la elaboración de los calendarios de trabajo de las encuestas, la supervisión de los mismos y del trabajo de campo, así como el control de las grabaciones de las entrevistas y el de la contratación de personal. En otras palabras, algo parecido al superjefe en materia de turismo.

DOS CARTAS DE DISCULPA DEL GOBIERNO

Nicola Tanno tiene una truculenta historia detrás suyo: en el año 2010, perdió un ojo debido al impacto de una pelota de goma disparada por los Mossos d’Esquadra durante las celebraciones de la victoria de la selección de España en el Mundial de Fútbol. Su caso se archivó en dos ocasiones pero los abogados consiguieron que un juez reabriese la causa y fue entonces cuando la Generalitat se avino a pactar. El entonces consejero de Interior, Jordi Jané, llegó a enviar una carta al joven pidiéndole disculpas.

En la misiva, fechada en febrero del 2016, el consejero le explicaba: “Tal y como le dije personalmente el pasado 4 de noviembre, mediante esta carta y en nombre del Gobierno de Cataluña, lamento profundamente las lesiones que, en el marco de una actuación policial ordenada por los respectivos mandos, le fueron causadas el 12 de julio del 2010”. Jané añadía: “Evidentemente, aquella actuación no tenía la voluntad de ocasionarle ningún daño, pero como desgraciadamente usted ha padecido desde aquel día las consecuencias no deseadas de la misma, públicamente le pido disculpas por las lesiones sufridas y tengo la seguridad de que, a pesar del acuerdo que finalmente se ha cerrado, jamás se podrán reparar totalmente los perjuicios que se le han causado”.

Curiosamente, sólo unos días antes, Marta Gordi, jefa de la asesoría jurídica de Interior, le había dirigido otra misiva en términos similares. En ella, lamentaba la actuación policial, aunque destacaba luego que el departamento continuaría trabajando para preservar el orden público pero procurando que no se volviesen a producir actuaciones similares (se refería a la pérdida de un ojo) “o, si no es posible, sean mínimas las incidencias derivadas del uso por parte de miembros del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra de instrumentos y herramientas policiales destinadas a restablecer la seguridad ciudadana perturbada por algaradas y desórdenes públicos”.

En ese momento, la Generalitat ya había llegado a un acuerdo con el joven italiano para pagarle 200.000 euros en concepto de indemnización a cambio de que desistiese en sus pleitos.