El Ayuntamiento acusa a la Generalitat de pasotismo con la acampada indepe

El teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Jaume Asens, ha echado en cara a la Generalitat de Catalunya que no asuma su responsabilidad en el tema de la acampada independentista en la plaza Sant Jaume, responsabilidad que, ha asegurado, comparte con el Ayuntamiento de Barcelona.

Asens ha reafirmado este martes que la acampada "es competencia tanto del Govern como del Ayuntamiento", y ha defendido que, a pesar de que las acampadas se incluyen en la Ordenanza de Civismo municipal, esta "no es una acampada cualquiera". En este sentido ha llegado a decir que responsables de la Generalitat “mienten al decir que es sólo responsabilidad nuestra”, si bien no ha citado personalmente al conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch.

En una rueda de prensa sobre los actos de conmemoración del 1-O, el concejal ha insistido en que se trata de “una acampada instrumental con contenido político”, y que por ello se está incumpliendo la normativa autonómica: "Son ámbitos de responsabilidad de la Generalitat, de leyes catalanas que competen a su Departamento de Interior. La Generalitat también puede intervenir autorizando o no las concentraciones".

Ante esta situación, Asens ha pedido “ponernos de acuerdo las dos administraciones para encontrar una solución a la acampada, a fin de evitar el uso de la fuerza”.

ACAMPADA ATEMPORAL

Al concejal le preocupa “la atemporalidad de la acampada” ya que, como él mismo ha reconocido no sin cierta ironía, “su objetivo es que se haga efectiva la proclamación de la República Catalana... y no es una posibilidad en el horizonte inmediato". Mientras tanto, la preocupación es que “si vuelven a acampar después de la Mercè, se altere otra vez la convivencia en Barcelona”.

Cabe recordar que la asociación 'Hablamos Español' presentó la pasada semana una querella ante un juzgado de instrucción de Barcelona contra el conseller Buch por los sucesos ocurridos durante la manifestación convocada "contra la imposición lingüística" y “a favor de la libertad de la lengua en la escuela".

La manifestación no pudo entrar en la plaza Sant Jaume al ser detenida por los Mossos para impedir un enfrentamiento con los acampados, que llevaban allí desde el 11-S.

Posteriormente, los grupos municipales de Cs, PSC y PP reclamaron el desalojo en aplicación de la ordenanza municipal del espacio público que prohíbe acampar en la vía pública. Los acampados accedieron a hacerlo el viernes, tras ser conminados a hacerlo por la Bripac de los Mossos y pactar con las autoridades que volverían al finalizar la fiesta mayor de Barcelona.