Colau disuelve los antidisturbios cuando la criminalidad se dispara un 20,5%

Ver para creer: en el momento en que los índices de delincuencia se disparan el 20,5% en la ciudad de Barcelona, la alcaldesa, Ada Colau, quiere desmantelar la Unitat de Suport Policial (USP), la división antidisturbios encargada de la seguridad ciudadana, y reconvertirla en una miniunidad, la Unitat de Reforç a la Proximitat i Emergències (URPE) dedicada fundamentalmente a tareas de medio ambiente. Los sindicatos negocian a cara de perro con el consistorio. “En Barcelona ha crecido el 20,5% el índice de criminalidad en el primer semestre del año por su nula política. Colau intentó implantar un modelo de policía que fracasó”, denuncia Eugenio Zambrano, representante del CSIF en la Guardia Urbana, a Metrópoli Abierta.

“El Ayuntamiento no es flexible a la hora de negociar. Nuestra principal preocupación era garantizar los puestos de trabajo y mantener las condiciones. En principio, habían dicho que sí y que se respetarían los turnos. Sin embargo, el jueves pasado se descolgaron con que sólo se podría absorber el 10% de la USP en las URPES. O sea, la negociación va a peor. En vez de mejorar y confluir, estamos en el camino contrario. Cada día nos hacen una apuesta peor que la del día anterior y eso no es buena señal”, denuncia también a este diario Jordi Gallart, portavoz de CCOO en la Guardia Urbana.

"QUIEREN HACER UNA PURGA"

Nadie entiende lo que quiere hacer Colau. “Ahora dicen que harán cosas nuevas, como actuaciones en medioambiente. Pero la actual USP ya tiene su división canina, la de policía administrativa, la de control de eventos (conciertos, revisión de medidas de seguridad, locales…), la de medio ambiente y la de emergencia, en caso de inundaciones como las de esta semana o en el caso del hundimiento del Carmelo y los grandes apagones. Incluso colaboramos en el atentado de Barcelona: fue la USP quien persiguió al terrorista hasta la Boquería, antes de perdérsele la pista”, dice Zambrano.

El veterano sindicalista destaca que “no sólo nos quieren vaciar una parte de nuestro contenido, sino que quieren hacer una purga. A Colau le sobran sindicalistas. La URPE obedece a criterios políticos, porque nosotros no sólo nos dedicamos a antidisturbios, sino que cuando las manifestaciones acaban y se convierten en micromanis violentas y buscan el caos y atentar contra el mobiliario urbano, actuamos nosotros. Pero también en otros casos: con motivo de riñas tumultuarias; en los desalojos; en el desalojo de manteros; para apoyar los registros; para apoyar a la Policía en el caso de operaciones de delincuencia común; en la detención de personas especialmente violentas…”.

Zambrano sostiene que la alcaldesa “quiere convertir una policía democrática en una policía política”. Y dispara con balas de grueso calibre: “Una de las cosas importantes es la pérdida del principio de autoridad, de la seguridad jurídica y de la seguridad laboral. Hay una depresión colectiva. No se puede permitir que unos políticos digan que la Guardia Urbana ha de ser proactiva. Desde 1843 hasta el 2015, cuando llegó Colau, siempre ha sido proactiva. Y si ahora no lo es, es porque no la dejan trabajar. Nosotros queremos dar un servicio público”.

"NO NOS DEJAN TRABAJAR"

Desgrana luego el listado de agravios: “Colau no nos deja trabajar. No nos da recursos para luchar contra el top manta, el tráfico de drogas o la delincuencia. Nos falta apoyo institucional. Con los medios que tenemos no podemos hacer cumplir las leyes. Nos falta seguridad jurídica en las intervenciones. Nos falta también seguridad laboral. No se aplica la normativa europea ni la de la ONU. Cuando alguien es herido o tiene una minusvalía, tendría que pasar a segunda actividad, ocupar un puesto no operativo, como en los Mossos o los bomberos. Pero Colau no. Colau nos echa a la calle con el 55% del sueldo. Ya tiene una reciente sentencia en contra y ha tenido que readmitir a un guardia urbano que la había denunciado, pagándole un pastón en atrasos”.

Denuncia también que faltan medios, equipamientos, formación y unas instalaciones dignas. “Si quiere modernizar la Guardia Urbana, debe permitir que se nos dote de armas: la pistola Tasser y lanzadora de herramientas para dar respuesta a los amenazas. Tenemos que hacer frente a situaciones pero sin medios, como el resto de policías. En la actualidad, si hay una riña con machetes, por ejemplo, nos vemos obligados a disparar, porque es muy peligroso. Con la Tasser o la lanzadora, que no son armas mortales, podríamos neutralizar al agresor, mientras que ahora podemos matarlo”.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Ante este panorama, la desaparición de la USP pone de nuevo en el disparadero al equipo municipal por la desastrosa gestión de la seguridad. Pero también abre un gran interrogante sobre el futuro de la plantilla de la Guardia Urbana. “El proyecto que presentan plantea una flexibilidad horaria y una disponibilidad en venir a trabajar. A día de hoy, te pueden mover el horario cuatro horas y el día que tienes fiesta te lo pueden quitar y trasladárte la fiesta a otro día que les vaya bien”, detalla Jordi Gallart.

Los sindicalistas están disgustos a negociar movilidad horaria y flexibilidad a cambio de una compensación económica. Pero, eso sí: con un efecto limitado. “Una vez al mes, como máximo, con motivo de un servicio relevante. Entendemos que ciertas unidades necesitan más implicación y cierta flexibilidad. Podemos, pues, hablarlo, pero no todo el año. En el caso de la desaparición de la USP y el nacimiento de la URPE, el texto no establece límites. Tal y como está escrito, podría afectar a todos los días del año. Y eso lo tenemos que cambiar”, añade Gallart. Para su compañero Zambrano, “lo que quiere hacer Colau no tiene rigor ni seriedad. Es engañar a la opinión pública y confundir a los medios de comunicación”. El consistorio, pues, puede tener su propio otoño caliente.