Ada Colau quiere rescatar la multiconsulta a cualquier precio. El pleno municipal del pasado 10 de abril fue un fracaso, personal y político, que no ha digerido. Dolida por la derrota, activó un gabinete de crisis para invalidar el rechazo del resto de formaciones políticas (solo votaron a favor los Comuns i ERC). Ahora, medio año después, coacciona a todos los concejales, acusándoles de que cometerán prevaricación si este viernes votan en contra de la consulta, para rescatar un referéndum con muchas sombras que cuenta con un respaldo popular ínfimo.
A seis meses para las elecciones municipales, Colau necesita gesticular para contentar a sus electorales. En la campaña electoral de 2015 prometió muchas cosas que no ha podido cumplir (sobre todo, en materia de vivienda) y ahora persiste con la remunicipalización del agua, uno de los servicios mejor valorados por los ciudadanos, según las últimas encuestas. En esta materia, ni cuenta con el respaldo del resto de formaciones políticas ni informa a los barceloneses del elevado coste que tendría una operación que desaconsejan los expertos.
Debilitada políticamente y perdida la complicidad de muchas entidades que la respaldaron hace tres años, Colau quiere que los concejales que votaron en contra (10 de abril) reconozcan que se equivocaron y le den la razón a unos vecinos que pusieron un recurso. Si estiman el recurso, se podrá volver a votar la consulta.
PREVARICACIÓN
El voto, sin embargo, fue perfectamente correcto y se basó, ni más ni menos, que en un informe de los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento, que sostenía que faltaba por acreditar un requisito. Sin todos los requisitos no se podía votar a favor. Y por eso se votó en contra.
Algunas fuentes jurídicas consultas desmontan los planes de Colau y argumentan que “votar a favor de la multiconsulta sí podría ser prevaricación”.
La Cámara de Concesionarios y de empresas prestadoras de servicios públicos (CCIES) remite un informe elaborado por sus asesores jurídicos (Álvaro Martínez Rivero) en el que, muy resumidamente, sostiene lo siguiente:
Los vecinos que recurren contra la denegación de la consulta sostienen que el pasado 10 de abril no se podía votar en contra de la consulta porque se cumplían todos los requisitos para votar a favor. El secretario del Ayuntamiento y sus servicios jurídicos han elaborado este mes un informe en el que proponen darles la razón. De este modo, aceptando el recurso de los vecinos, el Ayuntamiento dejaría sin efecto la denegación de la consulta del pasado 10 de abril, y el Pleno podría por segunda vez volver a votar la realización o no de la consulta.
EL INFORME DEL SECRETARIO
Lo primero que han de votar los concejales el viernes es si los vecinos recurrentes tienen o no razón. Hay que analizar por tanto es si es cierto que el 10 de abril el Ayuntamiento acreditó a los concejales el cumplimiento de todos los requisitos para votar a favor de la consulta. El informe de octubre dice que se les facilitó a los concejales un Informe del Secretario, y un informe de los Servicios Jurídicos.
El informe del Secretario despejaba la incógnita sobre si se debía exigir como mínimo 86.540 firmas (el 5% de los habitantes de Barcelona) o si eran suficientes 15.000 (menos del 1% de los habitantes), inclinándose por esto último y certificando que se había cumplido con este requisito. El informe de los Servicios Jurídicos certificó que el Ayuntamiento tenía interés en el servicio de suministro de agua, y que este interés era suficiente para hacer una consulta sobre la gestión del agua, y ello a pesar de que reconocía que el Ayuntamiento no tenía competencia sobre el servicio de suministro de agua por cuanto había sido atribuida por la ley del Parlament de Catalunya al Área Metropolitana de Barcelona.
El informe de los Servicios Jurídicos advirtió que faltaba un requisito por acreditar para poder hacer la consulta. Literalmente decía: “Cal que a l’expedient resti suficientment acreditat que no s’està executant cap mena de contractació en relació a la qual el seu resultat pogués produir perjudicis a tercers”.
LA PIEZA QUE FALTA DEL PUZZLE
Por dicho motivo, el informe que se facilitó a los concejales fue un informe favorable a la consulta pero condicionado a que se acreditase el cumplimiento de este tercer requisito. En definitiva. El día 10 de abril, los concejales tenían dos informes, uno del secretario y otro de los servicios jurídicos, pero no eran suficientes para poder votar a favor, al contrario, se advertía en uno de ellos que faltaba un requisito cuyo cumplimiento no se había acreditado. Al puzzle le faltaba una pieza.
Colau llora, el pasado 10 de abril, tras su fiasco con la multiconsulta
Cuando ahora la alcaldesa Colau les pide a los concejales que votaron en contra de la consulta que cambien el sentido del voto y reconozcan que lo hicieron mal, estos concejales lo primero que tienen que hacer es ver si el 10 de abril efectivamente tenían todas las piezas del puzzle y podían votar a favor. Es decir, si el Ayuntamiento con los dos informes facilitados había acreditado el cumplimiento de todos los requisitos para hacer una consulta. Lo cierto es que no lo hizo.
El informe de los servicios jurídicos decía que faltaba un requisito, y que este requisito debía acreditarse en el expediente. El voto en contra por tanto fue correcto y se basó en el propio informe que el Ayuntamiento les facilitó. Al igual que uno no puede conducir hasta que cumple los 18 años, uno no puede someter a votación una consulta hasta que no se cumplen todos los requisitos. Al igual que un informe médico que diga que no hay impedimentos físicos para sacarse el carnet de conducir no permite conducir si no se han cumplido los 18 años y se ha obtenido la licencia, el informe jurídico favorable a la consulta que dice que todavía hay que acreditar el cumplimiento de un requisito no permite votar a favor de la misma, hasta que no se cumpla el requisito.
VOTO EN CONTRA CORRECTO
La cosa no acaba aquí, el informe jurídico de octubre elaborado por el Ayuntamiento con el que se pretende dar la razón a los vecinos recurrentes, a diferencia del de abril, dice que el puzzle ya está completo porque en el expediente ha aparecido un documento de la Directora de Planificació i Control que de manera lacónica dice que no hay ningún contrato otorgado por el ayuntamiento que pueda resultar afectado por la consulta (obvio, como que el contrato que se quiere afectar es del Área Metropolitana de Barcelona). Pero este documento no se les facilitó el 10 de abril a los concejales. Su voto en contra, por tanto, era más que correcto, faltaba un requisito, y, por ende, tenían la obligación de votar en contra.
Ahora que el informe del Ayuntamiento de octubre dice que están todos los requisitos, no hay ninguno pendiente como pasaba en abril, el informe deja abierta la puerta a los concejales para que voten en contra siempre y cuando lo justifiquen en razones jurídicas y no de mera oportunidad. Así se lo ha hecho saber el Secretario a los portavoces ayer martes en la reunión de la Junta de Portavoces.
Si el recurso de los vecinos se desestima no habrá que volver a votar la consulta. Si se estima, entonces habrá que volver a votar la consulta, en ese caso, el voto en contra deberá basarse en razones jurídicas. Es por ello que CCIES ha facilitado a los concejales un informe jurídico donde se pone en duda el cumplimiento de los requisitos que permitirían votar la consulta. Uno de ellos, el que en abril los servicios jurídicos dijeron que estaba pendiente, es de imposible cumplimiento: ¿cómo se puede hacer una consulta con la finalidad de perjudicar a un contrato, el de suministro de agua de ámbito metropolitano otorgado por el AMB en 2012, y al mismo tiempo decir que la consulta no afecta a ningún contrato? Es de esas contradicciones paradigmáticas que se enseñan a los niños de EGB para que entienda el significado del término contradicción. Parece que la Directora de Planificació i Control deberá repetir curso.
LA DENUNCIA DE CIUTADANS
Colau está tensando la cuerda al máximo y sus presiones soliviantan al resto de formaciones políticas. Carina Mejías, la líder de Ciutadans, ya ha expresado en Metrópoli Abierta que no se dejarán “amedrentar” y alega la existencia de un informe jurídico para tumbar los planes de la alcaldesa y su equipo. El PP y el PDeCAT también se han significado en contra de la remunicipalización del agua. Igual que el PSC.
La oposición, asimismo, recuerda que “las consultas deben tener como objeto materias de competencia municipal” y la gestión del agua, recordemos, es competencia del AMB, entidad formada por 36 municipios.