Menos de un día después de pasearse de la mano junto al presidente Quim Torra, Ada Colau ha lanzado este miércoles un duro alegato a la política de fondos para la vivienda de la Generalitat de Catalunya.
En el mismo escenario, la Fira de Gran Via donde se celebra el congreso mundial de 'ciudades inteligentes', la alcaldesa de Barcelona ha denunciado que se le ha notificado un "ajuste" de cerca de 2,9 millones de euros en las aportaciones que la Generalitat hará en materia de vivienda a la ciudad, lo que supone una reducción del 30 % de lo comprometido.
"Me parece una vergüenza e inaceptable", ha dicho literalmente Colau. "Es una falta de respeto hacia la ciudadanía de Barcelona injustificable en un momento como el actual, en que la vivienda es la principal preocupación de los barceloneses".
La alcaldesa ha exigido al Govern que "rectifique" y que "cumpla con el compromiso" que adquirió para destinar más fondos a las necesidades habitacionales de la ciudad.
Colau ha hecho estas declaraciones tras participar en un foro sobre cambio climático, el C40 Talks Cities, coincidiendo con el salón que trata sobre la gestión del ciclo del agua Iwater dentro del Smart City Expo World Congress (SCEWC).
LO QUE DICE LA GENERALITAT
La actitud de la Generalitat se ampara en la notificación de la Orden VEH/159/2018, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario de 2018.
En el texto se lee que "dentro del contexto de aplicación de la orden citada y atendiendo al objetivo de estabilidad presupuestaria y a los principios de responsabilidad, austeridad y lealtad institucional, corresponde hacer el ajuste en el presupuesto de gasto por el importe mencionado, que asciende a 2.893.525,7 euros".
Colau ha criticado que este recorte agravaría una situación que ya es de "injusticia", dado que actualmente el consistorio "está asumiendo financiación y competencias que no le tocan" en el marco del Consorcio de la Vivienda de Barcelona.
En este sentido, Colau ha asegurado que el Ayuntamiento está aportando el 80 % de los fondos a este organismo y la Generalitat el 20 %, "cuando la proporción debería ser del 40 % par el consistorio y el 60 % para la administración autonómica".