El gobierno de Ada Colau ha multado con unos 180.000 euros al propietario de un piso público por no vivir en él y alquilarlo sin disponer de la autorización necesaria -en este caso de la Agencia de la Vivienda de Catalunya- y a un precio muy por encima de mercado. La vivienda sancionada se encuentra en la calle del Doctor Aiguader, en el barrio de la Barceloneta. Según la ley, las sanciones pueden llegar a los 900.000 euros.
Según el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, la sanción que se ha impuesto a este propietario ha sido de 180.000 euros, 90.000 por no vivir en la casa y otros 90.000 por alquilarla sin permiso. Además esta persona se verá obligado a devolver más de 16.000 euros por los alquileres cobrados. El Ayuntamiento tiene otros 13 expedientes sancionadores a titulares de pisos de protección oficial por los mismos conceptos o por tener las viviendas vacías.
1.500 PISOS INSPECCIONADOS
El consistorio ha iniciado un programa para inspeccionar los 16.000 pisos de protección oficial que hay en la ciudad para comprobar que el uso que se les da se ajusta a la normativa. Hasta ahora se han revisado unos 1.500 y se han abierto los 13 expedientes sancionadores tras comprobar que en ellos no viven los adjudicatarios. Los titulares expedientados tienen los pisos en Ciutat Vella (3 casos), Sants-Montjuïc (1), Horta-Guinardó (2), Nou Barris (4), Eixample (1) y Sant Martí (3).
El piso sancionado forma parte de un promoción de viviendas que tiene la calificación de pisos públicos durante 30 años, lo que obliga a sus propietarios a ajustarse a unos requisitos legales concretos. El Ayuntamiento de Barcelona es partidario de mantener la calificación de viviendas de protección oficial de manera indefinida en todas las casas de este tipo de la ciudad para garantizar la función social de la propiedad.