Valls denuncia a la Generalitat por difundir sus datos personales
El candidato quiere que se investigue una filtración a la prensa de un documento oficial con su nombre
22 enero, 2019 12:41Noticias relacionadas
Manuel Valls ha denunciado a la Generalitat de Catalunya por la difusión de sus datos personales a algunos medios de comunicación. El candidato a la alcaldía de Barcelona se ha dirigido a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, un organismo independiente del Govern autonómico, para que investigue la filtración "desde la Dirección General de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Generalitat", afirma Valls en un comunicado.
En el citado documento oficial, la Generalitat solicitaba a Valls que facilitara el nombre y la dirección de una emisora, La Super 96, a que el exprimer ministro francés concedió una entrevista y que ha resultado ser una emisora pirata. Valls concedió la entrevista, ajeno a la situación administrativa de la radio y creyendo que el programa solo se emitiría por internet.
PUBLICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE VALLS
El candidato de una plataforma transversal que cuenta con el apoyo de Ciutadans ya ha contestado al requerimiento de la Generalitat dentro del tiempo establecido. Al mismo tiempo se ha dirigido a la Autoridad Catalana de Protección de Datos para averiguar quién y cómo se facilitó una copia de la referida comunicación a la prensa y se impongan las sanciones y multas pertinentes. "El requerimiento fue publicado en su día por varios medios de comunicación que obviaron y ni tan siquiera destacaron la irregularidad de la filtración", destaca el candidato.
En la entrevista, Valls denunció la desatención de la población latina que vive en Barcelona y explicó el proyecto que tiene para la capital catalana. Para el exministro del Interior galo "es una evidente contradicción" que no se repartan licencias de radios latinas cuando en la ciudad viven unas 180.000 personas latinoamericanas, un 10% de la población.
ATAQUE FRONTAL
Según Valls, "las dificultades que tienen estos medios de comunicación para regularizar su situación suponen un ataque frontal a una comunidad que merece contar con todas las herramientas sociales para su cohesión e integración".