Las Brigadas de Limpieza, formadas por grupos de activistas constitucionalistas, arrancarán de nuevo las pancartas y los símbolos partidistas del Ayuntamiento de Barcelona si la alcaldesa, Ada Colau, se niega a retirar toda la simbología política. Así lo manifestaron a Metrópoli Abierta fuentes de estos grupos, que en la madrugada del miércoles al jueves ya arrancaron la pancarta que se encontraba en la fachada del consistorio. “Se nos ha acusado de asaltar el Ayuntamiento. Nosotros no lo asaltamos. Nos limitamos a quitar una propaganda del lugar donde no debía estar”, explica un activista.
La elección del Ayuntamiento de Barcelona para realizar la primera acción de esta campaña no es casual: es el principal Ayuntamiento de Cataluña y, además, dentro de algo más de dos meses habrá elecciones municipales. Aún así, las acciones se realizarán también en edificios que no sean municipales, ya pertenezcan a la Diputación o a la Generalitat.
BRIGADAS DESDE 2017
Las Brigadas de Limpieza, que nacieron en 2017 ante la proliferación de lazos amarillos en el mobiliario público, están compuestas, según afirman sus miembros, de varios centenares de activistas diseminados por toda Cataluña. Y ahora que vienen dos campañas electorales y con el aumento de presión independentista debido al periodo electoral y al juicio por el 1-O, las Brigadas han vuelto a activarse
“Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros”, señalaron a este diario las fuentes citadas, que subrayan que “lo único que hacemos es cumplir con una resolución judicial”. La Junta Electoral de zona advirtió a Ada Colau este jueves que debía retirar toda la simbología política de los edificios municipales porque “violan flagrantemente la neutralidad del Ayuntamiento”. Esta decisión se produjo después de una denuncia del líder del PP en el Ayuntamiento barcelonés, Alberto Fernández Díaz, que denunció la utilización partidista del mobiliario y los edificios públicos. Y, finalmente, Colau ha acatado órdenes y ha descolgado el lazo de la discordia.
COLAU RETIRA EL LAZO DEL AYUNTAMIENTO
Según la institución judicial, la retirada de símbolos se debía hacer en 12 horas, aunque el consistorio podía interponer recurso ante la Junta Electoral Central (JEC). De todos modos, esta institución ya sentó jurisprudencia en el 2017 al unificar criterios y determinar que no puede haber propaganda partidista en edificios de titularidad pública porque vulnera la neutralidad exigible a cualquier administración.
Aunque la alcaldesa de Barcelona ya se puede dar por notificada, las Brigadas consideran que la normativa obliga a todos los Ayuntamientos de Cataluña. “No vamos a quedarnos quietos y las Brigadas realizarán actuaciones en todos los edificios de titularidad pública, porque así lo han determinado los tribunales”. La única limitación que tienen estos grupos, aseguran, es que rehuirán siempre toda situación violenta.
Un ciudadanos retira lazos amarillos en Barcelona
Afirman que la pasada madrugada, la Guardia Urbana que custodiaba el Ayuntamiento de Barcelona identificó a los cinco miembros del comando que descolgaron la propaganda política pero no prevén que ello pueda tener consecuencias. “¿Cómo es que la Policía no te deja cumplir la ley? ¿Acaso pretenden multarnos por obedecer el mandato de un juez? No creemos que la cosa vaya a más. Y cualquier sanción será recurrida al instante”, explican fuentes de estos activistas a este diario.
FOTOS DE CANDIDATOS EN LA GENERALITAT
Ciudadanos, por su parte, ya denunció al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar la simbología independentista de sus edificios en el plazo de 48 horas que le había dado la JEC el pasado martes.
La situación se ha enconado más por el hecho de que, además de lazos amarillos, banderas separatistas o pancartas con mensajes explícitos y alusiones a “presos políticos” y a “exiliados”, incluye, en ocasiones, fotografías de los políticos que están encarcelados y que estos días están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.
El caso es que todos esos acusados forman parte de las candidaturas en las elecciones generales, municipales o europeas, por lo que una fotografía suya en un edificio oficial se considera una vulneración grave de la Ley Electoral. En Barcelona, la consejería de Agricultura y la de Exteriores tienen fotografías de los presos, aunque los responsables políticos del Govern insisten en que su exhibición no es propaganda política. “Si persisten en mantener esa propaganda, Torra se puede encontrar con que no sólo estará incurriendo en un posible delito de desobediencia, sino en otro delito electoral”, explica José María Espejo-Saavedra, diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Parlament. La decisión está ahora en manos de los políticos.