El gobierno de Ada Colau quiere que la Unión Europea (UE) aplique medidas más contundentes contra los alquileres turísticos ilegales. La exigencia del Ayuntamiento de Barcelona la comparten otras ocho ciudades europeas. En este sentido, la teniente de alcaldía, Janet Sanz, ha enviado una carta a la delegada de la Generalitat ante la UE, Meritxell Serret, y al embajador y representante español en la misma institución, Pablo García-Berdoy, para reclamar la colaboración de los gobiernos autonómicos y estatales.
Sanz sostiene que las ciudades necesitan "un marco legal europeo que ampare su capacidad de intervención sobre el mercado de la vivienda y que exija la cooperación de las empresas de alquiler vacacional", y afirma que es el momento de "establecer nuevas disposiciones legales para conseguir un crecimiento equilibrado en materia turística". Junto a Barcelona, Valencia, Ámsterdam, Berlín, Burdeos, Cracovia, Múnich, París y Viena han enviado un manifiesto conjunto a la UE.
GARANTIZAR EL MERCADO DE LA VIVIENDA
El consistorio barcelonés ve necesario garantizar el "mercado de la vivienda y la calidad de vida" en las ciudades y reclama compromisos legales para que las plataformas de alquiler cooperen con las instituciones en programas de registro y en la entrega de los datos de alquiler por cada vivienda.
El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Barcelona hizo balance de las actuaciones llevadas a cabo durante el mandato contra los pisos turísticos ilegales. El gobierno de Colau asegura que se dictaron unas 4.900 órdenes de cese de actividad, de las que 3.000 ya se habían hecho efectivas y las viviendas habían dejado de funcionar, mientras que en otros 1.900 casos, los pisos abandonarían la actividad ilegal o serían precintados.