El mandato pasado, la oposición forzó ocho plenarios por la mala gestión del gobierno de Ada Colau. Ahora, tras el pacto entre PSC y Barcelona en Comú, el nuevo ejecutivo municipal ya está obligado a celebrar dos nuevos plenos extraordinarios, uno sobre los precios de los alquileres y otro de seguridad. El mínimo de regidores que se necesita para forzar un pleno extraordinario es de 11.
Según ha podido saber Metrópoli Abierta de fuentes municipales, ambos plenos se celebrarán el 23 de julio. La reunión sobre los precios de los alquileres, reclamado por ERC y Junts per Catalunya, se celebrará el día 23 de julio a las 10.00 horas. Concretamente, los dos grupos políticos quieren el acuerdo de la mayoría de los 41 regidores del consistorio para instar a la Generalitat de Catalunya a iniciar los trámites para un proyecto de Ley para regular los precios en los contratos de alquiler.
COMISIÓN NO PERMANENTE
ERC y Junts per Catalunya también quieren que el pleno apruebe la creación de una comisión no permanente de estudio en el Ayuntamiento sobre la aplicación y repercusión que tendría la regulación de los contratos de alquiler en Barcelona y su área metropolitana, figura en el texto firmado por el secretario del consistorio, Jordi Cases, el 17 de julio.
A la finalización de la cita sobre los alquileres, a las 10.45 horas, tendrá lugar el pleno sobre seguridad. La petición del grupo municipal de Ciutadans , se hizo el 8 de julio, una semana antes de la aprobación del cartapacio municipal, tras el asesinato de un hombre en una peluquería de Sarrià-Sant Gervasi, y ha recibido el apoyo de todos los grupos de la oposición -Junts per Catalunya, ERC y PP- a excepción de la plataforma Barcelona pel Canvi que lidera Manuel Valls.
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
En el pleno de seguridad, los grupos convocantes reclamarán al gobierno municipal que el concejal de Seguridad, Albert Batlle, se dedique exclusivamente a esta materia y que, por tanto, deje de ser regidor de Sarrià-Sant Gervasi. También se pedirá aumentar la plantilla de la Guardia Urbana y las dotaciones policiales previstas para este verano, y elaborar planes de choque según la tipología de la delincuencia y los territorios más afectados.
El pleno también exigirá a Colau combatir el top manta y reforzar las medidas sociales para atender a los vendedores irregulares, llevar a cabo las reformas judiciales necesarias para revertir las altas tesis de delincuencia y crear una comisión no permanente con el objeto de debatir y definir un nuevo modelo de seguridad.