Badia se disfraza de profesor para dar lecciones sobre el agua
El concejal de Emergencia Climática aparece en un vídeo propagandístico para defender la remunicipalización del servicio
26 noviembre, 2019 21:52Noticias relacionadas
Eloi Badia no está dispuesto a dar su brazo a torcer con su objetivo de remunicipalizar el servicio del agua en Barcelona y su área metropolitana. O al menos, en lo que se refiere a la gesticulación y propaganda. Este martes Barcelona en Comú ha difundido un vídeo en sus redes sociales donde aparece el concejal de Emergencia Climática explicando su versión de la sentencia del Tribunal Supremo que avala la constitución de la empresa público-privada Aigües de Barcelona para gestionar el agua del AMB. Los magistrados decidieron por unanimidad revocar la sentencia del Tribunal Suprerior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2016 que enmendaba su creación por fallos administrativos.
Badia, lejos de acatar y respetar la sentencia, ha cargado contra la empresa mixta a la que declaró como enemiga pública del Ayuntamiento desde que los comunes entraron en el consistorio en 2015. En el vídeo, el hombre del agua de Colau habla a cámara como si fuera un profesor [y los receptores del mensaje niños] para explicar "todo esto de la sentencia del agua".
DECEPCIÓN DE BADIA
Badia no esconde su decepeción y rabia contra el fallo judicial. El concejal de Emergencia Climática remarca que la decisión del Tribunal Supremo permitirá a Agbar "gestionar el agua hasta el año 2047. ¡95 años de concesión!", exclama. A continuación, Badia añade que "pensar que una multinacional, cuyo objetivo es generar beneficios, va a gestionar el agua hasta el año 2047, se escapa de todo el sentido y de toda la responsabilidad pública".
Pero Badia no se queda aquí. También critica que la concesión, según él, "permitirá a Agbar embolsarse 1.000 millones de euros de beneficio que pagaremos, religiosamente, cada mes todos nosotros". Sin embargo, el concejal de Barcelona se olvida de mencionar que la sentencia del Tribunal Supremo valora la empresa en un mínimo de 476,5 millones y, si el Ayuntamiento quiere remunicipalizar, tan sólo puede expropiar la compañía para quedarse con el servicio. Una gran cantidad de dinero que el Ayuntamiento sólo puede pagar con el dinero de los contribuyentes.