El Ayuntamiento de Barcelona, a través del regidor Eloi Badia, ha reclamado por error una multa de entre 60.000 y 600.000 euros a una vecina de Gràcia. Los hechos los ha dado a conocer la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, que ha dado la razón a esta persona en su queja contra el consistorio
Los hechos se remontan a 2018. Según la síndica, esta mujer es propietaria de una vivienda en Gràcia que tiene alquilada al mismo inquilino desde hace 35 años. El 28 de mayo de 2018, la vecina recibió una denuncia del consistorio porque se había detectado que el piso se utilizaba para una actividad turística ilegal.
INCOACIÓN DE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR
La afectada decidió presentar alegaciones y aportó pruebas de que el piso estaba arrendado. Sin embargo, el 5 de julio de 2018 recibió "una notificación de incoación de un expediente sancionador, con un aviso de multa de entre 60.000 y 600.000 euros", dice la síndica.
Siempre según la versión de la defensora de los barceloneses, la mujer, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a sus alegaciones, tuvo que contratar a un abogado para su defensa. El letrado pidió copia del expediente administrativo y comprobó que la sanción había sido archivada, aunque nadie se lo había comunicado. Posteriormente, el distrito de Gràcia reconoció el error en la identificación de la casa.
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
La contratación del abogado generó en la propietaria uno gastos que ella creyó oportuno repercutir al consistorio. La mujer presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial, pero el distrito de Gràcia la desestimó a pesar de haber causado "molestias" a la citada persona, explica la síndica. El Ayuntamiento argumentó que no se trataba de un concepto indemnizable. Según la legislación, no es obligatoria la asistencia jurídica para dirigirse a la administración.
Sin embargo, la síndica no lo ha visto igual. En una resolución, Vilà subraya que "las modificaciones introducidas por la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas, es el derecho de los interesados a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente. De este modo, el legislador acepta que, atendida la complejidad técnica de algunos procesos administrativos, el ciudadano pueda requerir asistencia técnica o jurídica".
REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN
La sindica dice que habida cuenta de que el importe de la sanción era muy elevada, que el Ayuntamiento no contestó a las primeras alegaciones y que la ciudadana no tenía conocimiento del mundo administrativo, es "absolutamente comprensible que contratara un abogado”. "Es una cuantía difícilmente asumible para una gran parte de la ciudadanía y susceptible de generar inquietud que justifique la asistencia jurídica especializada", añade.
Vilà ha estimado la queja ciudadana y ha recomendado al Ayuntamiento que revise la resolución administrativa desestimatoria con el fin de que la reclamación patrimonial administrativa que pide la interesada "pueda ser ponderada en función de las circunstancias personales y técnicas".