Ada Colau y Eloi Badia (centro), en un acto / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Ada Colau y Eloi Badia (centro), en un acto / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Información municipal

El TSJC tumba por segunda vez la multiconsulta de Colau

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado el artículo 74.3

27 enero, 2020 13:26

Nuevo golpe a la multiconsulta de Ada Colau. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tumbado por segunda vez el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona impulsado durante el primer mandato de la actual alcaldesa. En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado el artículo 74.3 del citado reglamento después de que la Delegación del Gobierno en Cataluña interpusiera un recurso. 

La Delegación del Gobierno alegó que el artículo incumplía el artículo 71 de la ley de Bases de Régimen Local, según el cual las consultas municipales requieren un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta y la autorización del Gobierno de España.

EL RECURSO

La Sección Quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado "el recurso administrativo interpuesto por la Delegación del Gobierno en Cataluña contra el Reglamento de Participación Ciudadana de la ciudad de Barcelona aprobado el 6 de octubre de 2017 y publicado en el BOPB de fecha 30 de octubre de 2017".

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, también impone el pago de las costas al Ayuntamiento de Barcelona con un límite de 1.000 euros. El consistorio podrá presentar un recurso de casación en el plazo de 30 días desde su notificación.

Se trata del segundo mazazo de la Justicia contra el reglamento de participación ciudadana de Colau, que debía preguntar a la ciudadanía –entre otras cuestiones—sobre la remunicipalización del agua. En noviembre de 2019, el TSJC impugnó el reglamento al entender que contradice las leyes de ámbito estatal. En concreto, el tribunal sostuvo que la norma básica que permitía iniciar los procesos "no respeta el régimen legal básico establecido" y argumenta que cualquier referéndum "debe someterse a la normativa estatal".