La Guardia Urbana de Barcelona ha emitido 7.931 sanciones durante el año pasado a través de la polémica ley Mordaza. Según ha informado el Gobierno municipal, del total de multas, 7.376 están relacionadas con el consumo o tenencia de drogas así como con el abandono del material necesario para consumirlas.
Estas cifras sorprenden puesto que la actual alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, siempre se ha mostrado abiertamente contraria a la aplicación de esta regulación vigente a escala estatal.
MÁS MOTIVOS
La policía local también emitió 470 sanciones relacionadas con la tenencia de armas y 13 por exhibir objetos peligrosos con finalidad intimidatoria. Además, se ha interpuesto una multa por tocar elementos fijos colocados por la policía y dos por actas de atentado contra la libertad sexual.
A lo largo del año 2019, este cuerpo policial emitió tres sanciones por conductas interpretadas como faltas de respecto a los agentes de la autoridad. Por contra, cabe recordar que en el 2018 solo se produjo una.
UNA LEY CON FINES RECAPTATORIOS
La aprobación de la ley mordaza provocó críticas por parte de los movimientos sociales, colectivos y entidades, sobre todo centradas en la parte de la legislación que protege los cuerpos policiales y entra en el terreno de la libertad de expresión.
Pero las críticas también llegan desde el ámbito de la drogodependencia. La Confederación estatal de Asociaciones Cannábicas ha denunciado "persecución" y ha criticado que la ley tiene un "afán recaudatorio".
MÁS SANCIONES NO ES SINÓNIMO DE MENOS USUARIOS
Pero es que el aumento de sanciones no se corresponde con una reducción del número de usuarios. Según la Encuesta sobre alcohol y drogas en España del 2017, en el año 2015 la cantidad de españoles que habían consumido cannabis ese año era del 7,3%. Dos años después, el porcentaje creció hasta el 9,1%.