La concejal de Sant Andreu, Lucía Martín, ha anunciado este sábado que el Ayuntamiento de Barcelona ha comprado ocho casas en el núcleo antiguo del distrito por derecho de tanteo, y ha impulsado con el vecindario un modelo pionero de masovería urbana mixta, "contra la expulsión de los vecinos" de sus barrios, según ha dicho la miembro del gobierno municipal en rueda de prensa.
En un primer momento, la idea es que los vecinos sigan pagando alquiler mientras el Ayuntamiento rehabilita zonas comunes pero después cada vecino asumirá las obras interiores de su casa, pagando así en especie (dan una renta mínima y pasan al régimen de masovería, disfrutando de la casa sin ser dueño). Al final, los vecinos volverán a pagar un alquiler asequible.
COSTE DE MÁS DE UN MILLÓN PARA EL AYUNTAMIENTO
Están en la calle Pons i Gallarza (números 105 a 117) y suman 551 metros cuadrados, de manera que la media de superficie de cada una es de unos 70. Se tratan de casas de planta baja más un piso con dos habitaciones y un patio en la mayoría de ellas, ha explicado Martín en rueda de prensa ante los inmuebles.
Siete son ahora el domicilio habitual de familias que viven de alquiler, mientras que la octava se usa como local, y también está alquilada: el Ayuntamiento ha comprado todas a la sociedad Vermonta SL por 745.000 euros. A este precio deberá añadirse el coste de las obras de conservación, para adaptar las condiciones de las casas al requerimiento de habitabilidad: se calcula que será de 290.000 euros.
El Ejecutivo local considera que el precio de compra más el gasto de las obras está "sensiblemente por debajo" de los precios actuales de mercado de viviendas de estas características.
FASES DE ALQUILER Y MASOVERÍA
El gobierno sociocomún pondrá en práctica una fórmula híbrida de arrendamiento asequible y masovería urbana, que se vehiculará a través de un nuevo sistema contractual que combinará por fases el alquiler y la masovería (vivir en la casa sin ser propietario), con una renta que sustituirá al alquiler pero que será variable.
En una primera fase, el Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona (Imhab) ejecutará la parte de las obras de conservación que es común a todas las casas y que debe hacerse conjuntamente. En este período se mantendrá el régimen de alquiler normal y preexistente.
Durante la segunda fase, las unidades familiares arrendatarias pondrán en marcha las obras en cada una de sus casas: durante esta etapa la renta será mínima, puesto que asumir las obras supondrá pagar en especie la ocupación legal del inmueble. En la tercera y última fase, una vez finalizados los trabajos, se recuperarán las condiciones de alquiler asequible.
MARTÍN DEFIENDE LA MEDIDA
La concejal Lucía Martín ha afirmado que este proyecto permite cumplir tres objetivos de este Ejecutivo local: "luchar contra la especulación, garantizar el derecho a la vivienda de los vecinos y las vecinas de la ciudad, y ampliar el parque público de alquiler".
Al mismo tiempo, la política barcelonesa espera que también pongan en práctica un modelo parecido los propietarios privados que necesiten hacer rehabilitaciones, especialmente "en un momento en el que hay por delante una crisis económica y social" por el Covid-19.
"Estamos seguros de que funcionará", y ha añadido que por ahora no tienen otros proyectos similares en marcha pero que tendrán en cuenta este modelo para futuras operaciones.