El último “palo” judicial a la productora de cabecera de Colau

En 2015, la entonces candidata a alcaldesa Ada Colau emitía un tuit con un mensaje muy especial: “Ante la impunidad de la corrupción política, policial, mediática… hay héroes anónimos cotidianos como Metromuster, La Directa, Ciutat Morta”. Días más tarde, el aún gobierno municipal de Xavier Trias le otorgaba el premio Ciudad de Barcelona al documental Ciutat Morta, de la productora Metromuster y sus realizadores, Xavier Artigas y Xapo Ortega, plantaban al alcalde en el escenario y no recogían el galardón.

No era propaganda gratuita de Colau: esa misma productora (que luego acapararía los mimos del nuevo gobierno municipal) acababa de realizar otro documental panegírico sobre la plataforma DESC, que era quien pagaba la nómina de Ada Colau gracias a una subvención finalista del Ayuntamiento de Barcelona, que apoquinaba cientos de miles de euros para subvencionar a activistas diversos. Se trataba del documental Termitas, el Observartorio DESC y el litigio estratégico del caso Bárcenas.

COLABORADORES DE COLAU

Era éste un documental en el que se explicaba la corrupción del extesorero del PP, Luis Bárcenas, desde el punto de vista de DESC, la organización de Colau. Una de las guionistas de ese documental fue, precisamente, Àgueda Bañón, que poco después aterrizaba en el ayuntamiento con salario millonario (en pesetas) como directora de comunicación. También era cooperadora de Colau en sus actividades dentro de DESC y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Las vinculaciones de Metromuster y del entorno de Colau eran mucho más íntimas. Por si fuera poco, el documental se iniciaba con una entrevista a Gerardo Pisarello, que luego sería primer teniente de alcalde de Colau. La visión del caso Bárcenas pasa en el documental por la visión de otros profesionales, como el abogado Gonzalo Boyé (defensor de Carles Puigdemont), Elpidio Silva, el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo (entonces uno de los impulsores de Podemos), Jaume Asens (luego teniente de alcalde de Barcelona) o Isabel Elbal, e incluye también una entrevista a la propia Ada Colau como miembro de la plataforma DESC.

EL CASO 4F

Apenas un puñado de semanas más tarde, la hasta hacía poco líder de la PAH ganaba las elecciones contra todo pronóstico y comenzaba una luna de miel con Metromuster. Resulta que el documental Ciutat Morta (realizado en 2014, juntamente, al que el equipo de Gobierno de Colau no dejó de hacer propaganda, especialmente sus tenientes de alcalde Gerardo Pisarello y Jaume Asens), relataba un episodio de violencia (conocido como caso 4F por haber ocurrido un 4 de febrero) en el que, a la postre, un grupo de okupas dejó tetrapléjico a un guardia urbano. Uno de los principales acusados, Rodrigo Lanza, era cliente de Jaume Asens, que en mayo de ese año se convirtió en teniente de alcalde de Barcelona. La madre de Rodrigo Lanza, Mariana Huidobro acabó presidiendo el Centre Iridia, una de las entidades mimadas por el gobierno municipal de los comunes. Las vinculaciones de la operación Metromuster y el núcleo duro de Colau, pues, se producían por muchos frentes.

El documental rompía una lanza a favor de Rodrigo Lanza, argumentando que las acusaciones habían sido todo un montaje. Años después, el okupa fue detenido en Zaragoza acusado de matar a un motero por llevar unos tirantes con la bandera española. La verdadera naturaleza del héroe de Ciutat Morta comenzaba a aflorar. Por ese crimen, fue condenado de nuevo a cinco años de prisión, aunque Metromuster emitió un comunicado apoyándolo y reafirmando su inocencia del caso 4F por el que ya había sido condenado. Pero lo más importante es que quedó de manifiesto que la angelical estampa de Lanza no era más que un recurso intelectual de un documental que flojeaba desde el primer momento en su planteamiento.

ACUSACIÓN EN TARAJAL

El idilio entre la alcaldesa y Metromuster siguió cunado la primera llegó al Ayuntamiento de Barcelona. Y en 2016, la cooperativa volvía a la carga con el film Tarajal: Desmontando la impunidad en la frontera sur, en el que responsabilizaba a agentes de la Guardia Civil de la muerte de una quincena de inmigrantes ahogados en la playa de Tarajal, un triste episodio ocurrido en febrero de 2014.

Seis años más tarde, la Audiencia Provincial de Cádiz acaba de desestimar a finales de este mes de julio de 2020, los recursos de varias oenegés contra el auto del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta que exoneraba a 16 guardias civiles de las muertes de los inmigrantes ahogados. Es el epílogo de un proceso que duró años y que culmina justamente un mes después de que su productora, Metromuster, desapareciese de escena, en medio de violentos enfrentamientos internos entre sus socios.

DOBLE PALO

El palo a los amigos de la alcaldesa, pues, es doble: ni las cosas fueron bien internamente dentro de la compañía llamada a ser la productora de cabecera de los comunes y de cierto sector del independentismo (una de sus socias era la actual diputada de la CUP Natalia Sánchez) ni fueron bien fuera, puesto que uno de sus principales protegidos (ya condenado por dejar tetrapléjico a un urbano) resultó ser un homicida. Y ahora, para colmo, la causa del Tarajal se ha escurrido por el desagüe de la justicia. Los documentales de Metromuster parecen estar llamados a sucumbir ante la cruda realidad.

El crac interno de Metromuster evidenció, una vez más, que los proyectos de los movimientos alternativos son cainitas por naturaleza. “Desde sus inicios, Metromuster se propuso la lucha por la transformación a todos los niveles, dentro y fuera de la propia organización. Esto fue posible gracias a vosotras, a vuestra confianza; ocupando un cine, difundiendo numerosas causas políticas que batieron récords de audiencia en los medios, haciendo posible la tarea reparadora de devolver el cuerpo de Idrisa Diallo a su familia o apoyándonos para poder constituirnos como cooperativa dentro de la economía social y solidaria. Por desgracia, esta confianza colectiva, venida de todos lados, se rompió precisamente desde dentro del seno de la propia organización”, explica una carta dada a conocer hace unas semanas y firmada por Xapo Ortega, Salva Rodríguez, Roger Sabà, Natalia Sánchez y Marina Freixa, socios de esta empresa.

No citan al culpable (es fácil adivinar de quién se trata), pero lo cierto es que hubo serios enfrentamientos en la cooperativa de cabecera de Colau. Los cinco socios díscolos acusan que padecieron “diferentes violencias” de una misma persona: “La desconfianza, el victimismo, el machismo, la difamación, la ocultación de información interesada, la manipulación y el maltrato emocional, incluso la insensibilidad hacia la grave enfermedad de un compañero y, finalmente, la mala gestión de la propia cooperativa. Y, por encima de todo, la desafección y el desprecio hacia todas las personas que hemos formado parte de Metromuster. Violencias que sabemos que van más allá de la misma organización”. Lo dicho: palos por dentro y palos por fuera. La justicia desmentía y contradecía públicamente los documentales que iba produciendo la empresa; la dura realidad se encargó luego de hacer justicia interna para arrojarla a la papelera de la historia con un final nada épico. La historia de Metromuster no es más que la historia de una tragedia.