La monarquía amenaza la unidad entre PSC y comunes en el pleno

El pleno extraordinario sobre el Rey puede llevar al límite la relación entre el PSC y los comunes. La sesión convocada bajo la propuesta y apoyo de JxCat y ERC para determinar si se retira la medalla de Oro a Juan Carlos I hará discrepar a los dos partidos que forman la coalición de gobierno en la capital catalana.

La formación liderada por Colau está debatiendo entre la abstención o el voto a favor de la retirada, mientras que los socialistas barajan votar en contra de la propuesta, según ha podido saber este medio. Todo un choque entre los dos socios de gobierno, que verían quebrantada su unidad de voto de nuevo.

Este desencuentro se sumaría a otros anteriores, como el sucedido en septiembre del pasado año al pronunciarse sobre la libertad de los líderes independentistas. Entonces, el PSC no apoyó una proposición de ERC que reclamaba una declaración del Ayuntamiento si el Supremo condenaba a los políticos encarcelados por el 1-O, mientras que Colau optó por alinearse con los republicanos.

EL PLENO EXTRAORDINARIO, LEGAL

Este miércoles los servicios jurídicos del Ayuntamiento han desestimado los recursos interpuestos por Ciutadans y Barcelona pel Canvi contra la convocatoria de este pleno extraordinario, que se celebrará este jueves.

Según el informe, la convocatoria de sesión extraordinaria "responde al ejercicio por los miembros de la Corporación proponentes de su derecho fundamental a la participación política".

Además, concluye que "se trata de una proposición de naturaleza política, en el sentido de no producción de efectos jurídicos vinculantes sobre situaciones jurídicas individualizadas, que se presenta para su sustanciación en el Consejo Municipal, órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad".

POSIBLES CONSECUENCIAS

Desde BCN pel Canvi, la concejal Eva Parera discrepa de la respuesta recibida desde el consistorio, dado que "argumentan que es una declaración política y no jurídica" y que "se cubren las espaldas reconociendo que el contenido es ilegal y que pueden haber consecuencias penales".

Además, afirma que cuando una proposición se aprueba "tiene que ser ejecutada por el equipo de gobierno".