El debate sobre la okupación sube de tono en Barcelona. Y, obviamente, se politiza. Los comunes, con su habitual discurso dogmático, se desmarcan y hasta justifican las prácticas mafiosas que se producen en la capital catalana. ERC defiende postulados muy parecidos y el PSC se debate entre la condena y el silencio para no incomodar a su socio en el gobierno municipal. Junts per Catalunya, Ciutadans, Barcelona pel Canvi y PP sí condenan la actual permisividad y complicidad de Colau con el movimiento okupa.
“Las administraciones públicas deberían dar una respuesta a las okupaciones ilegales”, recalca Jordi Martí, portavoz de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona. “Nosotros priorizamos la defensa de los pequeños propietarios, sean primeras o segundas residencias”, recalca el concejal de la formación independentista.
RESPUESTAS INMEDIATAS
Martí insiste: “Hace falta una respuesta inmediata porque el 50 % de las okupaciones de España se concentran en Cataluña. Y las cifras no incluyen las okupaciones que no han sido denunciadas”.
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El portavoz de Junts per Catalunya asegura que las okupaciones “afectan a todos lo barrios de Barcelona”. “Afectan a los vecinos del Raval, pero también a los del Putxet. El gobierno de Colau y Collboni es responsable del actual escenario que se vive en Barcelona. Faltan soluciones para un problema de fondo. Para empezar sería positivo que jueces y magistrados tengan la posibilidad de pedir medidas cautelares en un plazo de 48 horas desde la okupación”, sentencia.
LA AFINIDAD DE COLAU
Paco Sierra, portavoz de Ciutadans en el consistorio barcelonés, pide que “Barcelona deje de ser una ciudad okupa friendly”. “Barcelona es una ciudad de okupas”, remarca el concejal de la formación naranja.
“Todas las ocupaciones son ilegales. Generan muchos inconvenientes y problemas de convivencia en una comunidad. Pedimos medidas para que se pueda expulsar a los okupas”, incide Sierra, muy crítico con la gestión de Colau desde 2015. Denuncia que la alcaldesa tiene “mucha afinidad” con dicho movimiento.
Ciutadans, como Junts per Catalunya, están a favor de que la Guardia Urbana “pueda actuar y desalojar inmediatamente a los okupas de una vivienda”.
PARERA Y LA EQUIDISTANCIA DEL PSC
Eva Parera, concejal de Barcelona pel Canvi, es otra de las voces más críticas con el auge de las okupaciones en la ciudad. “Colau viene de la PAH y sigue siendo una activista. Tiene demasiada complicidad con el movimiento okupa”, denuncia la mano derecha de Manuel Valls.
Parera critica también “la equidistancia permanente del PSC” para evitar un nuevo conflicto con los comunes. “Hay un buenismo instalado alrededor del derecho de la vivienda, pero no se pueden vulnerar los derechos de los propietarios. Si una persona quiere sacar un rendimiento económico de un piso parece que sea un especulador. Con la excusa de que el actual gobierno municipal es progresista, Barcelona involuciona y el problema de la vivienda se agrava año tras año”, comenta la concejal de Barcelona pel Canvi.
En el PP, tanto Josep Bou como Óscar Ramírez también se han significado en su rechazo al movimiento okupa. En un artículo de opinión publicado por este medio, Ramírez destacó: “Colau, con su permisividad, contribuye de forma muy activa a un intento de blanqueamiento que genera un importante efecto llamada”.
“No hace falta recordar el pasado okupa de Colau”, a quien define como “una comunista de manual”. “El PP exige un endurecimiento de las leyes y las medidas a aplicar para proteger a las clases trabajadoras”, apunta Ramírez. Él fue uno de los primeros políticos que condenó el ataque que el pasado martes sufrió la antigua sede de Metrópoli Abierta.
En ERC, en cambio, minimizan el impacto negativo de la proliferación de okupaciones en Barcelona. “Son pocos los casos en los que las okupaciones se dan en la residencia habitual de un propietario”, sostiene la concejal Eva Baró. Y añade: “La mayoría de las familias que acaban ocupando expresan que ha sido la única opción que tenían para estar bajo techo. El fenómeno de la okupación se da, mayoritariamente, en inmuebles vacíos y en el 82% de los casos, el propietario es un tenedor”.
LA TOLERANCIA DE ERC
El discurso de ERC y su líder, Ernest Maragall, es muy parecido al de Barcelona en Comú. Colau siempre se ha mostrado muy tolerante con el movimiento okupa. En cambio, se ha mostrado muy activa en sus críticas a las "especulaciones inmobiliarias", según su lenguaje, que se dan en Barcelona.
El PSC, mientras, asegura que, para el partido, "es un prioridad luchar para erradicar la conflictividad social y convivencial que producen las okupaciones de inmuebles y toda la heterogénea mafia que hay alrededor". "Defendemos que la solución a la necesidad de vivienda no pasa por una okupación ilegal. La solución no pasa por cometer una ilegalidad que condena a las familias a vivir en una situación de precariedad e ilegalidad constante. La okupación es un acto ilícito que en ningún caso otorga derechos a las familias ocupantes por ser ocupante. La emergencia no se puede resolver con precariedad e ilegalidad. Nos condena a todos", recalcan los socialistas.
EL PSC, CONTRA LAS MAFIAS
En su análisis de esta problemática que ha subido de tono en Barcelona, el PSC apuesta por una "acción policial y judicial firme para luchar de manera efectiva contra las mafias que se aprovechan y hacen negocio con las necesidades de las familias". También pone el foco "contra lo individuos y las mafias que okupan para desarrollar su actividad delictiva desde los inmuebles okupados". "Las okupaciones ilegales con finalidades delictivas son un grave problema de seguridad ciudadana y convivencia (degradan el espacio: escaleras de vecinos, calle, barrio). Pero al mismo tiempo tenemos que luchar con las viviendas vacía de grandes tenedores. Sin viviendas vacías no habría viviendas okupadas. Necesitamos impulsar políticas de vivienda eficaces", exponen en el PSC.
El concejal de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, pide "instrumentos legales" para luchar contra las okupaciones ilegales en Barcelona. El concejal responsable de seguridad asegura que "la policía hace su labor, pero necesita instrumentos legales que permitan actuar con más eficacia de lo que se hace actualmente".