El Ayuntamiento de Barcelona ha contratado por dos años y 78.000 euros a un despacho de abogados para que le lleve los pleitos en procedimientos judiciales relacionados con sanciones de tráfico y en juicios relacionados con ese ámbito. “El objeto tiene por objeto la contratación de los servicios profesionales de representación y defensa jurídica del Ayuntamiento en los procedimientos judiciales contra sanciones impuestas por infracciones de tráfico y en juicios verbales ante la jurisdicción civil en reclamación de daños como consecuencia de accidentes de tráfico”, dice el informe justificativo de este gasto elaborado por los responsables municipales.
Merced a ese contrato, el despacho Orpinell i Martí Advocats Associats percibirá 423 euros por cada contencioso-administrativo abreviado, 484 euros por cada recurso o demanda civil, así como por cada vista de juicio y 605 euros por cada recurso de apelación.
FALTA DE MEDIOS MUNICIPALES
Justifica la externalización de este servicio por “la falta de medios personales suficientes para su ejercicio con la eficiencia y dedicación requerida”. El Ayuntamiento exige que para el servicio contratado el despacho ha de contar con un abogado con una experiencia mínima de 3 años en el ejercicio y una administrativa. Además obligó a firmar por escrito una cláusula relativa a la obligación de guardar el secreto profesional de todos los asuntos que lleve en los próximos dos años. “La obligatoriedad de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido, acabado y resuelto el contrato”, advierten las bases de la adjudicación.
Curiosamente, a la licitación de este contrato sólo concurrió el bufete que lo ganó, que además acreditó a cuatro letrados con experiencias de entre 11 y 12 años (que lo máximo que se necesita para la computación de puntos). Un acta municipal recoge esos extremos y otorga al bufete 80 puntos sobre 100 posibles, que también cumple los requisitos de solvencia técnica, profesional y económica. El acta de adjudicación lleva fecha de 10 de septiembre de 2020.
TAMBIÉN TRABAJA PARA EL AMB
El despacho Orpinell es un bufete fundado por Clara Orpinell y por Manel Martí, especializado en derecho civil, de familia y penal. Entre sus clientes figuran la Generalitat de Cataluña, diversos Ayuntamientos, el Consell Insular de Menorca, el Área Metropolitana de Barcelona y diversos consorcios, diputaciones y algunas comunidades autónomas. Sus servicios incluyen “la elaboración de estudios y dictámenes, la preparación de proyectos normativos, el asesoramiento jurídico ya sea puntual o continuado y la defensa de nuestros clientes en cualquier procedimiento ante los diferentes órganos jurisdiccionales”.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una imagen de archivo / EFE
A pesar de las especialidades descritas anteriormente, en 2018, el bufete Orpinell i Martí obtuvo una adjudicación del Área Metropolitana de Barcelona por 14.520 euros para el “estudio y asesoramiento jurídico-urbanístico relativo a la regulación de aspectos por el anteproyecto de la Ley del Territorio”. Un documento del AMB detalla que los abogados del bufete “tienen una dilatada experiencia en planeamiento urbanístico y, por tanto, de urbanismo”. También recoge que “hemos recibido la propuesta de honorarios” del despacho de abogados y que ésta “se ajusta a los objetivos de estudio y asesoramiento”. Debido a esa circunstancia, se adjudicó directamente el encargo al bufete. En esa ocasión tampoco concurrió ningún otro despacho a la licitación.
UNA COSTUMBRE RECURRENTE
La contratación de despachos ajenos al Ayuntamiento se ha convertido en una constante durante el mandato de Ada Colau, Además de contratar a determinados bufetes para que actuasen como acusación en lo que se denominan causas perdidas (como el pleito sobre el bombardeo de Barcelona por parte de la aviación italiana durante la Guerra Civil española del siglo pasado, la apertura de un sumario en Argentina sobre los crímenes franquistas, la denuncia de los jueces que durante el franquismo aplicaron la Ley de Vagos y Maleantes o la querella contra el juez que condenó a Puig Antich), el consistorio barcelonés también externaliza otros servicios que, según concluyen los técnicos, la estructura municipal no puede absorber.
Pau Molins es el abogado de la infanta Cristina / MOLINS DEFENSA PENAL
Así, el pasado mes de julio, Colau contrató al despacho de Pau Molins (uno de los bufetes que llevó, entre otros, la defensa de la Infanta Cristina en el caso Nóos o las defensas de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull en el juicio sobre el 1-O celebrado en el Tribunal Supremo. Ese contrato, de 121.000 euros y vigencia de un año, se ideó para disponer de “los servicios de asistencia y defensa jurídicas a los miembros de los cuerpos de la Guardia Urbana y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento”. Su cometido es defender a los miembros de esos colectivos ante hipotéticas denuncias o quejas presentadas en el desarrollo de sus labores profesionales.