Multazo del gobierno de Ada Colau contra Vauras Investment, la empresa que ha denunciado connivencia municipal con los okupas. Según avanza Crónica Global, la administración local ha sancionado a Vauras con 417.000 euros por, presuntamente, no ofrecer alquiler social a los allanadores.
La sanción ha sido anunciada por la regidora de Vivienda, Lucía Martín. La edil considera que la multa es proporcional y ha valorado que podía haber sido superior, "90.000 euros por unidad familiar [piso okupado]". En la calle de Lleida 38 fueron usurpadas ocho viviendas.
EXTORSIÓN Y PREVARICACIÓN
Vauras investment ha denunciado al Ayuntamiento de Barcelona por presuntas coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o usurpación de atribuciones.
La querella es contra cuatro cargos del Ayuntamiento. En concreto, son la alcaldesa Colau, el regidor de Sants-Montjuïc, Marc Serra; la responsable del departamento de Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá y la regidora de Vivienda, Lucía Martín.
SIN VALORACIÓN
Martín ha dicho que la querella está en trámite y no la ha querido valorar porque todavía no ha sido admitida por el juez.
Según la concejal, Vauras "se saltó la ley autonómica 24/2015 y el decreto 17/2019 al no ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables que habitaban en pisos del bloque desde 2017".