La Guardia Urbana de Barcelona se quedará sin munición. No es una parodia: es la dura realidad, pero sólo momentáneamente. El concurso de abastecimiento de cartuchos se tendría que haber adjudicado antes del 31 de diciembre, pero la empresa ganadora del mismo no cumplía finalmente los requisitos burocráticos exigidos. Ese imprevisto de última hora hizo que tuviese que anularse. Ahora deberá convocarse de nuevo para que los agentes de la Policía Local puedan hacer las prácticas de tiro reglamentarias.
El concurso, en realidad, se había convocado el pasado 7 de abril y al mismo concurrieron seis empresas: ADC Tiempo Libre, Armas y Cartuchos del Sur, Armería Ravell, Excopesa 2000, Omena Technologies y Peres Sport. Su objetivo era la compra de cartuchos de 9 milímetros Parabellum para “la realización de prácticas de tiro obligatorias para el personal de la Guardia Urbana de Barcelona con arma reglamentaria, con el fin de garantizar su seguridad en el ejercicio de sus funciones”. La intención era encargar una primera remesa de munición antes del 31 de diciembre de este año por un valor de 101.640 euros y asegurarse de otra remesa similar en el 2021, por otros 101.640 euros.
LA ‘TRAMPA’ DE LA EMPRESA
Un informe jurídico elaborado por el Ayuntamiento explica que el pasado 3 de noviembre, cuando se abrieron los sobres con las ofertas, se detectó que la empresa Armas y Cartuchos del Sur, con sede en Huelva, había hecho una oferta “presuntamente incursa en un valor anormal o desproporcionado”. La mesa de contratación le reclamó, entonces, las justificaciones de su baja oferta y el 17 de noviembre, tras aceptar las alegaciones, propuso que se le adjudicase el contrato de abastecimiento de munición para la Guardia Urbana.
Pero hubo un pequeño problema: el 20 de noviembre, la adjudicataria presentó todos los papeles para la confección del contrato menos uno: la certificación ISO 14001 de sistema de gestión ambiental. En el informe municipal se recoge que Armas y Cartuchos del Sur envió un escrito al Ayuntamiento explicando que “se encuentra en proceso de implantación de un sistema de gestión de calidad y medio ambiente (…), encontrándose en la fase final del proceso de implantación, a la espera de la obtención del certificado final”.
Miembros de la Guardia Urbana armados en La Boqueria tras el atentado de 2017 / ARCHIVO
SIN TIEMPO MATERIAL
Los técnicos municipales, no obstante, subrayan que “en la documentación administrativa del sobre 1 declararon responsablemente que cumplían con todos los criterios de solvencia señalados en el pliego; obviamente, estas certificaciones ISO las habían de tener, como mucho, el último día del plazo de presentación de las ofertas”. En otras palabras: que la compañía en cuestión había engañado al consistorio barcelonés al no disponer del certificado ISO correspondiente.
El informe jurídico elaborado por el Ayuntamiento sigue explicando que “llegados a este punto, estamos a día 3 de diciembre de 2020, con un contrato con presupuesto hasta el 31 de diciembre de 2020. Si se procediese a requerir a la segunda clasificada concediendo un plazo de diez días hábiles que aportase correctamente la documentación y luego se procediese a adjudicar el contrato, en la notificación se advertiría que han de transcurrir 15 días hábiles, ya que se puede interponer recurso especial en materia de contratación, y no quedan un mínimo de 25 días hábiles desde el 3 de diciembre al día 31”.
Y subrayan luego que si se optase por la segunda clasificada, “estaríamos dentro del año 2021 ejecutando un contrato sin cobertura presupuestaria, por lo que se estaría celebrando un contrato inválido”. En consecuencia, los técnicos del consistorio acuerdan el desistimiento del contrato. “La decisión de desistir de este contrato encuentra su fundamentación en la infracción no enmendable de las normas del procedimiento de adjudicación, ya que se adjudicaría y formalizaría en el ejercicio 2021, sin cobertura presupuestaria, por lo que sería un acto nulo de pleno derecho al tener el presupuesto militado al ejercicio 2020”, explica el informe.
De hecho, la segunda clasificada, Omena Technologies, ofreció presentar inmediatamente toda la documentación exigida para evitar el desistimiento del contrato, pero el Ayuntamiento le respondió que, pese a ello, la posterior notificación de modificación del contrato quedaría supeditada igualmente a un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones. Finalmente, la resolución del desistimiento del contrato lleva fecha de 10 de diciembre.