Janet Sanz en el Ayuntamiento de Barcelona / EUROPA PRESS

Janet Sanz en el Ayuntamiento de Barcelona / EUROPA PRESS

Información municipal

Janet Sanz vulnera el código ético y no dimite a pesar de estar imputada

Un documento de Barcelona en Comú señala que los cargos investigados deben renunciar o ser cesados "de forma inmediata"

5 febrero, 2021 08:09

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Polémica con Janet Sanz. La número dos de los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona está siendo investigada por un delito de prevaricación –entre otros relacionado con la okupación de la casa Buenos Aires–. Pero se resiste a dimitir, tal y como indica el código ético de su propio partido, según ha avanzado Crónica Global.

Barcelona En Comú firmó en 2015 un documento para desmarcarse de los partidos políticos –y sus dirigentes– con causas pendientes ante la Justicia. De este modo, para evidenciar que la formación era distinta al resto, se aprobó el texto Gobernar obedeciendo, en el que se remarcaba que sus representantes se comprometerían a “la renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación judicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos”.

LA SITUACIÓN JUDICIAL DE SANZ

El magistrado investiga al equipo de Sanz en el área de Urbanismo de Barcelona por cuatro posibles delitos: prevaricación, coacciones, omisión del deber de perseguir un delito y obstrucción a la justicia. Tipos penales que surgen a raíz de la negativa a autorizar las obras y apertura de un hotel en la casa okupa Buenos Aires, a pesar del requerimiento de sus dueños. El inmueble ha estado okupado desde marzo de 2019. Tras el desalojo, el interior del pequeño palacete quedó destrozado [pulsen aquí para verlas].

OTRA INVESTIGACIÓN EN LA OAC

Esta no es la única investigación que afecta a Sanz. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) tiene bajo lupa una controvertida adjudicación, de su área de Urbanismo, por valor de 1,2 millones de euros, para el corte del tráfico en las calles. Se analiza si habría falsificado un presupuesto para conceder la licitación sin concurso a la empresa Brothers Control SL, proveedor habitual del consistorio.