Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, también es investigada por el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades contables con fondos públicos, tras las actuaciones iniciadas por la Fiscalía sobre las subvenciones concedidas a entidades afines por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
El Tribunal de Cuentas, según ha avanzado El Mundo, ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Sociedad General de Aguas de Barcelona en la que se acusa a Colau y a Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, de irregularidades contables al impulsar la remunicipalización del servicio del agua.
CUATRO APARTADOS
La denuncia se centra en cuatro apartados, comenzando por los encargos realizados por el Ayuntamiento de Barcelona a Barcelona Cicle de l’Aigua (BACA), valorados en 360.368,46 euros, para la elaboración de informes técnicos y/o jurídicos y planes de trabajo cuya finalidad es la transición hacia la gestión pública del agua en la ciudad de Barcelona.
El Tribunal de Cuentas también investigará los encargos realizados a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, valorados en 499.925,08 euros. El Ayuntamiento realiza anualmente un encargo a Barcelona Regional por un importe global superior a los cuatro millones de euros, cuyo objetivo es la realización de proyectos de asesoramiento y soporte técnico.
COMPETENCIA DEL AMB
El Ayuntamiento ha solicitado distintos estudios propios aunque la competencia plena sobre el abastecimiento del agua corresponde al Área Metropolitana de Barcelona (AMB). En este caso hay varios supuestos de duplicidad en los encargos de informes del AMB con el Ayuntamiento y, por tanto, una duplicidad en el gasto público.
En tercer lugar, la denuncia se centra en los recursos destinados a la Consulta ciudadana sobre la gestión del servicio de abastecimiento de agua en el municipio de Barcelona, valorados, en 15.000 euros, a pesar de no tener competencias, como Ayuntamiento, para este decisión.
SUBVENCIONES A ENTIDADES AFINES
Y, en cuarto lugar, la denuncia aborda la política de subvenciones a determinadas asociaciones vinculadas con algunos miembros del consistorio y su particular política favorable a la remunicipalización del servicio del agua. Diversas asociaciones por la defensa de la gestión pública del agua recibieron más de seis millones de euros entre 2016 y 2018.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en un pleno municipal / EFE
El gasto público de estas cuatro actuaciones, sin contar las citadas subvenciones, asciende, como mínimo, a 875.293,54 euros.
La denuncia cuestiona, sobre todo, las actuaciones de Colau y Badia, muy vinculado a la plataforma Aigua és vida y Enginyers Sense Fronteres (ESF), en las que milita desde antes de acceder al Ayuntamiento de Barcelona. También están bajo sospecha Teresa Llor, Interventora adjunta del Ayuntamiento de Barcelona, y Jordi Campillo, Gerente de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona.
LA CONSULTA
En las actuaciones denunciadas se destaca la disposición de fondos municipales para financiar actividades ajenas a las competencias del Ayuntamiento de Barcelona y la aprobación de una consulta sobre la gestión del agua, cuando la competencia corresponde al AMB.
Esta vulneración, según algunas fuentes, determina por sí sola que se produzca responsabilidad por alcance contable. El Tribunal de Cuentas podría determinar que estos gastos con una finalidad completamente ajena a las finalidades públicas son equiparables a los pagos sin contraprestación porque el servicio que se retribuye no redunda en provecho ni sirve a los fines de la entidad pública con cuyos fondos se paga.
Curiosamente, los responsables anteriormente citados llegaron a ignorar los distintos informes emitidos por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona que reconocieron que la competencia sobre el servicio del Ciclo Integral del Agua corresponde al AMB y no al Ayuntamiento de Barcelona.
OTRAS INVESTIGACIONES
La denuncia de la Sociedad General de Aguas de Barcelona se suma a otras investigaciones abiertas contra el gobierno que lidera Colau. La Fiscalía Provincial de Barcelona investiga las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona a Enginyers Sense Fronteres, tras la denuncia formulada por Abogados Catalanes por la Constitución que acusa a la alcaldesa y concejales afines de delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Según los denunciantes, Enginyers Sense Fronteres recibió 646.000 euros y el Observatori DESC obtuvo más de 1,2 millones de euros en subvenciones con Colau como alcaldesa de Barcelona.