El Ayuntamiento de Barcelona ha cambiado los criterios en las sanciones a pisos turísticos ilegales para que sean "proporcionadas". El consistorio aprobará una instrucción que tiene en cuenta factores como la reincidencia, el número de alojamientos comercializados o la situación económica del infractor a la hora de aplicar las cantidades de las multas.
Con esta acción se busca ajustar las sanciones a la realidad de personas individuales que han alquilado su piso de forma ocasional y esporádica y tienen que afrontar sanciones que ponen en riesgo la economía familiar.
INFRACCIONES GRAVES
Las infracciones muy graves podrán pasar a ser graves y de 6.001 euros si se acreditan una serie de condicionantes, se podrán reducir a 3.000 en caso de situación de vulnerabilidad y se incrementarán si se detectan circunstancias agravantes.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha explicado que estas condiciones sirven para distinguir quién es un multi infractor y quién no y ajustar estas sanciones, que en algunos casos llegaban a los 60.000 euros y ponían en riesgo la economía familiar.
PLAN DE CHOQUE
En 2016 el Ayuntamiento puso en marcha un plan de choque "para poner freno y orden al descontrol que había en la ciudad en cuanto a los pisos turísticos irregulares". Por aquel entonces, las plataformas de alquiler turístico tenían publicados más de 6.000 anuncios de pisos turísticos sin licencia y desde 2016 se han impuesto 9.077 sanciones.
Hasta enero de 2017, el Ayuntamiento castigaba esta práctica en la mayoría de los casos con importes que iban de 30.000 a 300.000 euros, aunque a partir de 2017 la cifra aumentó de 60.001 a 600.000 euros.
La actualización de criterios y las circunstancias, que se recogen en la nueva instrucción municipal que se ha elaborado, se aplicarán a las nuevas sanciones que se impongan partir de ahora y también se revisarán las impuestas en los últimos años para modularlas.