El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado cuatro edificios en el Eixample y ya suma cerca de 1.000 viviendas adquiridas para la ampliación del parque público en toda la ciudad desde el año 2016, con una inversión total de 91,6 millones de euros.
La concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha anunciado que los edificios se encuentran en los barrios de Sant Antoni, la Nova Esquerra de l'Eixample y la Dreta de l'Eixample y que entre los cuatro suman un total de 67 viviendas, 24 de ellas vacías, y 7 locales comerciales.
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
La operación anunciada este miércoles supone una inversión municipal de 21,6 millones de euros, incluyendo la rehabilitación necesaria, que la concejal ha explicado que no será muy costosa, ya que se trata de fincas que se encuentran en buen estado y solo será necesario reformar algunas viviendas y espacios comunes.
91 MILLONES DE EUROS
Desde el mandato pasado, se han adquirido 30 fincas enteras de 563 viviendas, además de 395 pisos individuales, elevando el total a 958 viviendas con una inversión de 91,2 millones de euros.
La adquisición de estas fincas permite la protección de las 43 unidades familiares que ya viven en ellas, a los que se les subrogará el contrato de alquiler para "evitar pasar por procesos de gentrificación y especulación inmobiliaria", además de adjudicar en régimen de alquiler social y asequible loa 24 viviendas restantes a personas y familias con dificultades.
563 VIVIENDAS
La compra se ha hecho gracias a la ordenanza que permite al Ayuntamiento el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, que implica que si la propiedad está en venta y hay un comprador interesado, el consistorio puede intervenir para comprar la finca.
El precio de cada vivienda está entre los 90.000 y los 100.000 euros, aunque varía mucho según la zona: "Es clave tener vivienda pública en todos los lugares de la ciudad, también queremos vivienda asequible en el centro", ha dicho.
El ayuntamiento defiende que es clave para garantizar vivienda pública en toda la ciudad para "evitar la expulsión de vecinos y vecinas y también de procesos especulativos que encarezcan y dificulten el acceso a la vivienda".