Presos catalanes remodelarán el edificio de la Borsa de Barcelona

El departamento de Justícia de la Generalitat adjudicó el día 15 del pasado mes de septiembre las obras de remodelación del edificio donde se ubica la Borsa de Barcelona, a la altura del número 19 del paseo de Gràcia de la capital catalana. La institución bursátil se encuentra en esta ubicación –que es frecuentemente diana de ataques de movimientos radicales y de okupas– desde el año 1994. En el edificio, propiedad de la Generalitat y gestionado por el Institut Català de Finances (ICF), se ubican Barcelona Tech City y Bolsas y Mercados Españoles (BME), el organismo que desarrolla una estrategia bursátil unificada para conseguir la máxima competitividad de los mercados españoles.

Los continuos cambios de inquilinos (la Comisión Nacional del Mercado de Valores se ha trasladado al distrito 22@) han hecho necesaria la adecuación de los espacios. Así, el Departamento de Justicia se ha hecho cargo de las obras con el fin de canalizar las mismas a través del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), un organismo público que vela por la reinserción de presos. Y una de las condiciones para la adjudicación de los trabajos de remodelación es que en los mismos han de trabajar internos de los centros penitenciarios catalanes elegidos por la propia Generalitat.

El edificio de la Borsa de Barcelona, acorazado tras los disturbios / METRÓPOLI

CONDICIONES ESPECIALES

Así consta en un documento titulado “Condiciones Especiales de Ejecución 0358-2021”. Entre otros puntos, el texto del citado documento resalta que es prioritaria “la contratación de internos de centros penitenciarios que, como mínimo, será el señalado para cada uno de los lotes”. En la memoria justificativa de las licitaciones se recoge también que uno de los objetos del contrato es “la contratación de personas sometidas a medidas judiciales”. Y las empresas adjudicatarias “deberán disponer, aparte de lo que han de contratar indicado por el CIRE, entre las personas sometidas a medidas judiciales, de personal cualificado y de coordinación”.

La memoria recoge también que el CIRE no dispone de personal cualificado para la realización de los trabajos y “para ayudar en la reinserción social de las personas sometidas a medidas judiciales, insta esta contratación entre las empresas homologadas”. Así, mientras que los trabajos deberán contar con especialistas en cada rama (tanto en albañilería como en carpintería de cualquier modalidad), el resto de la mano de obra se completará con internos de las prisiones catalanas acogidos a los beneficios de las contrataciones preferentes que les da el CIRE. En el contrato no se especifica cuánto personal han de asumir los contratistas, ya que eso depende del trabajo que haya en cada momento.

Las obras en el edificio fueron divididas en dos lotes: uno, relativo a la obra civil; el otro, relativo a la carpintería de madera, hierro o aluminio. Ambos lotes fueron adjudicados a la empresa Comsa Service FM, el primero por 423.138 euros y el segundo por 82.309 euros. De hecho, la Generalitat había invitado a participar en este concurso a las empresas Comsa, José Antonio Romero Polo SAU, Eulen, Engrunes y Sacyr. Las tres últimas dieron la callada por respuesta y no se presentaron a la licitación. Romero Polo se interesó en un principio, pero luego envió una carta de disculpa a la administración dejando constancia de que “una vez estudiada esta licitación no nos resulta viable económicamente”. Al final, pues, sólo concurrió Comsa, que se llevó ambos contratos.

Vista aérea de la prisión de Brians / DEPARTAMENTO DE JUSTÍCIA DE CATALUÑA

¡NO HAY MATERIAL!

Este desinterés empresarial se puso de manifiesto en otro concurso paralelo también licitado por el CIRE. En esta ocasión, eran dos lotes: uno de material de obra y construcción, con un presupuesto de casi 109.000 euros, y otro de instalaciones eléctricas y de climatización, con un presupuesto de 780.450 euros. Ambos lotes se quedaron huérfanos y el CIRE tuvo que declarar desierto el concurso el pasado 14 de septiembre.

En esta ocasión, la administración también quiso presionar a empresas para que presentasen ofertas. Y, en principio, presentaron sendas ofertas las compañías Maderas del Alto Urgel (Mausa) y Suministradora del Vallès. Sin embargo, conforme recoge Laureà Sarrias, jefe del departamento de Compras y Contrataciones de Justícia, en sus ofertas dejaban de cuantificar algunos artículos o conceptos, lo que invalidaba las propuestas.

De este modo, las empresas encargadas de las obras se encontrarán en la extraña situación de que no tendrán material con el que realizar los trabajos para los que fueron contratadas. En un documento sobre las características de la contratación se subraya que, en todo caso, las obras deberán estar finalizadas el próximo 22 de diciembre, aunque esta fecha se podría prorrogar excepcionalmente “por motivos de interés público”. No obstante, también se prevé una prórroga por causa mayor, como sería el caso si no hay material o si éste no se compra directamente sin pasar por concurso.