Ada Colau y Janet Sanz, en un acto / EFE

Ada Colau y Janet Sanz, en un acto / EFE

Información municipal

El urbanismo táctico de Colau y Sanz: 10,7 millones de euros por la vía de emergencia

El Tribunal de Cuentas detecta 3,2 millones, pero el Ayuntamiento llegó a gastar casi once millones en plena pandemia para reordenar calles y servicios públicos

25 noviembre, 2021 00:00

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El Tribunal de Cuentas ha considerado que el Ayuntamiento de Barcelona no tramitó de forma conveniente contratos públicos por un coste de 3,2 millones de euros, por el llamado urbanismo táctico. Pero el montante es mucho mayor. Alcanza hasta 10,7 millones de euros, que el consistorio que lidera Ada Colau, y bajo la responsabilidad de Janet Sanz, como concejal de ecología urbana y urbanismo, destinó a reformas en calles y vías por el procedimiento de emergencia en plena pandemia. Se trata de un método “irregular”, según las fuentes consultadas.

El total, con obras realizadas entre abril y julio de 2020, se eleva a 10,71 millones de euros, de los que hasta 8,75 millones los adjudicó directamente la empresa pública Bimsa; 85.394 euros el Institut de Paisatge Urbà y 1,84 millones por el Àrea de Ecologia Urbana, según ha podido saber Metrópoli. Todas esas obras se enmarcan en la voluntad de los comunes de implementar cambios en el urbanismo, conocido como urbanismo táctico, y modificaciones urbanas con el argumento de que eran necesarias en el contexto de la pandemia, para ampliar las zonas públicas, en beneficio del viandante.

INVERSIÓN EN CUATRO MESES

Fuentes conocedoras de esos contratos señalan que la vía idónea, si realmente se consideraba que era urgente y necesario acometer esas reformas, hubiera sido la de llevarlas al plenario, y buscando consensos amplios. Pero se trató de una decisión directa de los responsables de urbanismo, de Janet Sanz y con la responsabilidad directa, también, de la alcaldesa Colau.

Urbanismo táctico en el cruce de las calles Consell de Cent y Rocafort / ARCHIVO

Urbanismo táctico en el cruce de las calles Consell de Cent y Rocafort / ARCHIVO

Los tres millones de euros detectados por el Tribunal de Cuentas, por tanto, son en realidad 10,7 millones de euros, una cantidad importante que se concentra en solo cuatro meses, aunque el grueso de las partidas se desarrolla entre abril y mayo de 2020, en los meses de reclusión social, con los vecinos de Barcelona encerrados en sus casas.

DIEZ LOTES DISTINTOS

Las partidas tienen cuantías muy distintas: “Obras para la ejecución de las actuaciones del Espacio Público y Movilidad en el marco del Covid-19: 956.083 euros”; “Obras relativas a la ampliación del Espacio Público para destinarlo a la reapertura de las terrazas, con ocasión de la flexibilización de las restricciones establecidas con la declaración del estado de alarma: 457.138 euros” (en ese capítulo hay hasta diez lotes distintos, todos con cantidades muy similares).

Una estación del Bicing en Arc de Triomf / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Una estación del Bicing en Arc de Triomf / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Otras afectan directamente al mobiliario urbano: “Suministro de bancos para las actuaciones de Espacio Público y Movilidad en el marco del Covid-19: 149.495 euros”; o “Suministro de diferentes tipos de límites Bolardo: 23.199 euros”.

Hay distintas partidas también sobre el servicio de montaje y desmontaje del servicio de Bicing, en la calle Rocafort: 2.514 euros; en la calle Girona: 3.386 euros; o en la calle Castillejos: 4.898 euros; entre otras vías.

Macetas de urbanismo táctico de Barcelona 'troleadas' por un grafitero / TWITTER - On Vas Barcelona

Macetas de urbanismo táctico de Barcelona 'troleadas' por un grafitero / TWITTER - On Vas Barcelona

El consistorio podría haber invertido esos recursos a través de una vía ordinaria, siempre que hubiera alcanzado acuerdos, no ya con otros grupos, sino en el seno del propio equipo de gobierno, según las fuentes consultadas. La responsabilidad es del área que gestiona Janet Sanz, con decisiones que el Tribunal de Cuentas reprocha. Las cantidades, en todo caso, son mucho mayores a lo detecto por el órgano fiscalizador, que actúa en función de la información que recibe.