El Ayuntamiento de Barcelona ha vuelto a cumplir con una subvención que otorga de forma anual. Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) serán, de nuevo, beneficiarios de una notable partida económica.
El consistorio ha renovado un año más su convenio con ambos sindicatos, por lo que estos recibirán una subvención de 350.000 euros a repartir entre las dos organizaciones sindicales.
CONCESIÓN DIRECTA
Este año la partida económica renovada por el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, se vuelve a facilitar mediante "concesión directa". Dicho de otra manera, CCOO y UGT recibirán la mencionada cuantía a dedo, sin un concurso público previo.
La justificación municipal a esta partida es la de "mantener un marco de colaboración estable para facilitar la participación sindical en los proyectos de ciudad". El texto de su aprobación en comisión de gobierno explica, también, que la partida queda excluida de convocatoria pública "por razones de interés público".
Así, cada organización sindical recibirá una partida del Ayuntamiento por valor de 175.000 euros procedente del presupuesto municipal de este año.
Camil Ros (UGT) y Javier Pacheco (CCOO) durante una manifestación / EFE
SUBVENCIÓN ANUAL
Esta subvención responde a una cuantía que el consistorio dedica anualmente a CCOO y UGT. El pasado año, ambos colectivos recibieron una partida con la misma cuantía y motivación durante el mes de diciembre.
Además, se sumó otra partida adicional que el Ayuntamiento facilitó en noviembre de 2020. En este caso, la concesión fue de 150.000 euros a repartir en partes iguales para cubrir la colaboración en materia de "seguridad y salud laboral".
En 2019 también, los sindicatos también obtuvieron la partida de 350.000 euros en estas mismas fechas, lo que evidencia que se trata de una subvención consolidada cuya legalidad ha sido cuestionada.
SINDICATURA DE COMPTES
Esta partida anual ha sido cuestionada por la Sindicatura de Comptes de Catalunya, hasta el punto de llegar a tacharla de ilegal después de auditar las subvenciones a organizaciones sindicales en 2009.
Pese a ello, las resoluciones del fiscalizador no son vinculantes, por lo que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso y ha continuado obrando de la misma forma cada año.