La Unidad Antidesahucios de Barcelona se ha hecho con el Premio Internacional World Habitat de Bronce, una distinción que conceden conjuntamente la ONG World Habitat y la Agencia de las Naciones Unidas ONU-Habitat. Así anunciaba el consistorio barcelonés la obtención del galardón el pasado 4 de enero, sacando pecho de que suponía el reconocimiento de este servicio como un "programa innovador, excepcional y revolucionario".
El Ayuntamiento hizo especial hincapié en que, desde su puesta en marcha, esta unidad ha atendido a "más de 14.000 familias" en proceso de pérdida de vivienda, logrando un promedio de entre 50 y 60 atenciones semanales y una estadística que marca que "9 de cada 10" desahucios se han suspendido. A todo ello añadió el anuncio de que destinará una partida de cinco millones de euros en dos años a este servicio y la inclusión de un "equipo jurídico propio" para tratar los casos.
Sin embargo, las razones de la concesión pueden responder a otras cuestiones. El consistorio barcelonés mantiene una colaboración constante con ONU-Habitat desde hace una década, en la que los gobiernos municipales han otorgado todo tipo de facilidades que han consolidado una gran relación entre las partes.
UNA DÉCADA DE COLABORACIÓN
El Ayuntamiento de Barcelona firmó su primer convenio de colaboración con ONU-Habitat en enero de 2013. El entonces alcalde y a día de hoy candidato de Junts per Catalunya a las elecciones municipales, Xavier Trias, calificó el acuerdo de "histórico" y apuntó que este entendimiento reafirmaba la voluntad municipal de hacer de Barcelona "un referente en mecanismos de gestión y transformación de las ciudades y de ser una ciudad abierta al mundo".
La rúbrica por parte de las Naciones Unidas la puso entonces Joan Clos, exalcalde de la ciudad y director ejecutivo de la entidad entre los años 2010 y 2017. Clos agradeció el pacto y puso en valor la experiencia de la ciudad en cuestiones de planteamiento urbano en un momento en el que "muchas ciudades del mundo" crecían "urbanizándose hasta el colapso".
Fruto del acuerdo entre las partes, ONU-Habitat instauró el Urban Resilience Hub en el Recinto Modernista de Sant Pau, desde donde impulsó un programa a nivel mundial basado en la resiliencia urbana. El programa, que continúa vigente, es el único que la entidad ha establecido en Europa y de los pocos que se encuentran fuera de su sede central en Nairobi (Kenia).
CONTINUIDAD CON COLAU
La llegada de Ada Colau a la alcaldía mantuvo la relación entre el consistorio barcelonés y ONU-Habitat, que siguió trabajando en la capital catalana y conservando el convenio establecido con la ciudad.
En 2020, el gobierno municipal renovó esta colaboración en un convenio con una duración de cuatro años que aseguraba el mantenimiento de la oficina en la entidad en la capital catalana, con una especial atención a la recuperación de las consecuencias "sociales, económicas y sanitarias" provocadas por la pandemia. El acuerdo conlleva una plena alineación con la Agenda 2030 e incluye los aspectos de transformación urbanística y ambiental.
Desde el establecimiento del convenio, el Ayuntamiento ha realizado aportaciones económicas a la entidad en forma de subvención. Como por ejemplo los 200.000 euros otorgados en 2013 y los 500.000 euros facilitados en 2015.
PREMIO A SOSTRE CÍVIC
La cooperativa Sostre Cívic también se ha llevado un premio de la misma procedencia, en este caso en la categoría de plata. El jurado ha considerado que esta empresa barcelonesa ha apostado por una alternativa "ética" y "sostenible" al modelo tradicional de vivienda en propiedad en un contexto de "crisis". La afinidad entre la entidad ganadora y el consistorio barcelonés es máxima, y en los últimos años se ha plasmado en forma de adjudicaciones de derechos de superficie correspondientes a solares y fincas municipales.
Sostre Cívic también se ha hecho con diversas adjudicaciones enmarcadas en el convenio ESAL, un acuerdo para la promoción de 1.000 viviendas en 10 años en el que el consistorio se comprometió a aportar solares y edificios públicos en los que se pudiera llevar a cabo una rehabilitación o edificación, mientras que la gestión recaía sobre las entidades beneficiarias.
Fuentes especializadas en economía social y solidaria apuntan a Metrópoli que, tras la formalización del convenio, se aplicó una "reducción de requisitos" para optar a estas adjudicaciones, lo que explicaría que cooperativas con menor experiencia pero mayor afinidad al equipo de gobierno municipal como Sostre Cívic hayan obtenido una elevada cifra de concesiones con mayor facilidad.