La aversión de la alcaldesa de Barcelona y de los comunes a la industria tecnológica no es nada novedoso. Una de las medidas estrella que quiso imponer Ada Colau cuando fue elegida primera edil en 2015 era desterrar de Barcelona el Mobile World Congress (MWC), la mayor feria tecnológica del mundo. “No representa el modelo de ciudad que queremos”, argumentaron los comunes. Siguen pensando lo mismo. En aquel momento, Colau se negó a reunirse con los máximos representantes del MWC. Envió a su segundo, Gerardo Pisarello, a reuniones clave para el futuro del salón. Y ella misma hizo varios feos a los representantes del Mobile. Cuando la convencieron de la importancia de un evento estratosférico que deja cientos de millones de euros de ganancia en Barcelona en sólo unos días, y acuciada por todos los sectores sociales y económicos de la ciudad, consintió en no asustar al Mobile.
Hoy, a casi ocho años vista, Colau consiente en que se siga celebrando para no hundir más la economía de la ciudad. Para no perder la feria internacional de telefonía más importante del planeta, el Ayuntamiento que preside Ada Colau no ha tenido más remedio que apoquinar dinero público, lo mismo que hicieron el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Es el chocolate del loro, si tenemos en cuenta que el Mobile deja en Barcelona cientos de millones de euros en gastos de los congresistas. A Barcelona le tocó contribuir al evento con cinco millones de euros sólo para la organización (luego hay otras cantidades millonarias que se han ido en cuestiones más concretas del Mobile).
UN SALÓN ALTERNATIVO
Pero Colau sigue poniendo palos en las ruedas al MWC y a lo que representa. Lo que no hace por la puerta de delante, lo hace por la puerta de atrás. Sin embargo, contenta a los suyos, los antisistema, promocionando la feria alternativa, es decir, el Mobile Social Congress (MSC). En otras palabras, el antiMWC, que no es otra cosa que el MSC.
En realidad, desde hace un lustro, los movimientos sociales paralelos a los comunes pusieron en marcha un salón alternativo, al que el Ayuntamiento que preside Colau ha dado alas y oxígeno: el MSC es un evento que coincide con el MWC y que quiere ser su contrapunto “social”. El MWC comienza este lunes 27 de febrero en Barcelona, finaliza el jueves 2 de marzo y congrega a la flor y nata de las telecomunicaciones. El MSC también comienza este lunes 27 de febrero y dura hasta el sábado 4 de marzo en Barcelona y congrega a la nata y flor de los movimientos antisistema.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / AJ BCN
“El MSC nace como un espacio alternativo al Mobile World Congress (MWC). El objetivo es generar una reflexión y más conciencia sobre los impactos generados con la producción y el consumo de electrónica y hacer un análisis crítico en clave ecologista, feminista y de derechos humanos y laborales; denunciar un modelo injusto, extractivista y consumista, y pensar en nuevas maneras de producir y de consumir aparatos electrónicos”, dice en su definición la asociación Setem, encargada de su organización. ¿Y quién es Setem? Una de las niñas mimadas del consistorio. O de los comunes, para ser más exactos. En realidad es una ONG que forma parte de una red fundada en 1968 e integrada por ocho plataformas en España. “Somos una asociación de solidaridad internacional independiente y participativa que, junto a otras organizaciones, queremos sensibilizar a la ciudadanía de Cataluña sobre las crecientes desigualdades globales de nuestro mundo y sus causas y promover las transformaciones personales y sociales necesarias para conseguir un mundo más justo y solidario”, dice en su última memoria.
EL TRABAJO SUCIO
Setem comulga con los principales principios ideológicos de los comunes. Según sus balances, en 2020 Setem Catalunya recibió 414.852 euros en subvenciones públicas para sus actividades, además de otras donaciones e ingresos con carácter periódico, pero en 2021 esa cantidad cayó a 168.698 euros. Pero eso no es óbice para que sea una plataforma mimada por los munícipes barceloneses.
En realidad, desde 2019, ha recibido alrededor de 500.000 euros en contratos públicos sólo del Ayuntamiento de Barcelona. Entre otras ayudas, el 21 de marzo de 2019 se embolsó 170.000 euros en una subvención nominativa por el proyecto BCN, ciutat coherent i responsable. El 25 de noviembre de ese año, percibió otros 59.416 euros por el proyecto Repressió laboral i gènere: resistències compartides en clau feminista, de la concejalía de Justícia Global i Cooperación Internacional. El 8 de julio de 2021, recibió 65.000 euros por un convenio bilateral con el Ayuntamiento. El 28 de noviembre de noviembre de 2022 también obtuvo 19.994 euros por el proyecto L’APS de la Justícia global: transformem el món de les aules. Y el 5 de mayo de 2022 se embolsó otros 80.000 euros por el proyecto Posem la tecnología al servei de la vida. Todos proyectos muy acordes con los comunes. Son sólo algunas de las ayudas recibidas, que representan, en definitiva, combustible económico para una herramienta que es vital en el proyecto político de Colau.
APOYO DEL AYUNTAMIENTO
La plataforma cumple su implacable función social en un engranaje ideado exclusivamente para controlar el desarrollo económico y social. “La organización, desde una perspectiva feminista y ecologista, se dedica a la sensibilización y movilización de la sociedad, a la denuncia ante las injusticias locales y globales fruto de la lógica capitalista y la promoción de alternativas económicas”, dice el plan estratégico de Setem. La plataforma dice contar con “casi 1.000 socios, centenares de voluntarios y el apoyo de numerosas personas e instituciones catalanas que avalan su trabajo a favor de la justicia global, la solidaridad internacional, la democracia y la práctica de alternativas económicas”. En su última memoria, sin embargo, detalla que tiene 726 socios, 13.448 seguidores en twitter, 7.872 seguidores en Facebook y 2.239 seguidores en Instagram. Entre otras plataformas, forma parte de LaFede.cat, la Xarxa d’Economia Solidària (XES), Banca Ètica Fiare (la que Colau pugnó por instalar en el Ayuntamiento), Oikocredit Catalunya y Coop57.
En su página web deja bien claro que la organización cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Incluye, para ello, el logotipo del consistorio, lo que no es un tema menor: ninguna entidad privada puede utilizar el logotipo oficial de una institución si no cuenta con un reconocimiento expreso para ello. Y Setem es de las que goza de ese privilegio con el consistorio de la capital catalana. En otras palabras, además del apoyo económico, fundamental para mantener engrasado este engranaje, la herramienta de los comunes cuenta con el apoyo explícito de la institución pública, de la que alardea desde su página web.
POLARIDAD ADMINISTRATIVA
No se queda ahí la cosa: la actividad del MSC es prioritaria en la agenda del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ), un organismo municipal, que blinda con un cintilla del evento paralelo al MWC sus previsiones para las próximas semanas, destacando sus actividades con el color morado, que es el que utiliza para los actos reivindicativos. La cúpula municipal se disocia, de esta manera, en una suerte de polaridad administrativa que visibiliza una curiosa dicotomía: mientras una (pequeña) parte de la cúpula accede a ser anfitriona del MWC, la mayor feria mundial de la electrónica, sus soldados combaten esa feria desde un movimiento alternativo fomentado por una organización que se sostiene gracias a los fondos públicos que el propio consistorio inyecta.
Por su parte, Setem destaca que el MSC “es un espacio impulsado por Setem Catalunya, de encuentro, de reflexión y de sensibilización ciudadana alrededor del modelo de consumo y de producción de aparatos electrónicos y tecnologías de la información y la comunicación”. Reconoce la organización que “la industria electrónica es uno de los sectores más dinámicos e importantes de la economía mundial y Barcelona se convierte cada año en su principal aparador con el MWC. Las empresas transnacionales del sector presentan anualmente sus avances tecnológicos. Al mismo tiempo, no se habla de los costes sociales y ambientales que se externalizan durante la producción de nuevos teléfonos y tablets, ni de los casos de violaciones de derechos humanos a lo largo de las cadenas de valor de la electrónica”.