El exconseller Santi Vila se convertirá en el nuevo presidente del Comité Asesor de Infraestructuras. Jaume Collboni lo ha fichado para que asesore sobre el conjunto de dotaciones y servicios ferroviales, portuarios y aeroportuarios. También se trabajará con las energéticas y de telecomunicaciones y datos de Barcelona. El anuncio se ha producido poco antes de que empezara el pleno municipal, en el que se aprobará la subida del 4% del sueldo de los políticos del consistorio.
El líder socialista firmó ayer el decreto de creación del Comité Asesor de Infraestructuras. El equipo de Vila trabajará de manera independiente y contará con un comité plenario, formado por todos los integrantes del comité --que se reunirá un mínimo de dos veces al año--, y por un comité permanente, que reunirá a un grupo reducido de sus miembros, cada dos meses aproximadamente, con un mínimo de seis veces al año. "Me mueve el aprecio por Barcelona y la amistad personal con Collboni", ha dicho el exconseller.
SIN RETRIBUCIÓN ECONÓMICA
"El Ayuntamiento de no tiene competencias en todos los casos pero sí incumbencia, porque las infraestructuras afectan a todos los barceloneses. La mirada a corto plazo de ordenar el espacio público es compatible con la de largo plazo para ordenar las infraestructuras", dice Collboni. Vila, por su parte, asegura que las diferencias políticas no serán un impedimento para que sea profesional con sus funciones. Además, el comité de expertos no recibirá ninguna retribución, incluido su nuevo presidente.
Santi Vila en una imagen de archivo
El exconseller estará al frente de los nuevos retos a los que se enfrenta Barcelona. El más ambicioso, el de la ampliación del aeropuerto del Prat de Llobregat. También se enfrentará a la polémica de los cruceros, que están en el punto de vista de las entidades ecologistas.
INHABILITADO TRAS EL JUICIO DEL 'PROCÉS'
Sant Vila es doctor en Historia Contemporánea y licenciado en Filosofía y Letras. Fue alcalde de Figueres desde el 2007 hasta el 2012 y diputado en el Parlament de Catalunya entre 2006 y 2013.
Formó parte de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont como conseller de Territorio y Sostenibilidad --del 2012 al 2016-- y de Empresa y Conocimiento en 2017. El convergente tuvo un papel clave en bajar la tensión durante el procés, aunque fue condenado a un año y ocho meses de inhabilitación de cargos públicos por un delito de desobediencia y malversación.