Nuevo giro en la investigación a Ada Colau por la concesión de subvenciones a entidades afines de BComú. La Audiencia de Barcelona ha incidido en el caso al estimar un recurso presentado por la Asociación de Juristas Constitucionalistas por las Libertades y la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que se pronunciaba en contra del rechazo a la práctica de diligencias determinada por el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona.
Esta decisión se ha traducido en la imputación de la interventora municipal, que participó en la tramitación de subvenciones pero ya advirtió en su momento sobre algunas irregularidades en la concesión de ayudas, además de requerir a las entidades implicadas que justifiquen "el destino" de los fondos municipales recibidos, según ha adelantado El Periódico.
Las organizaciones referenciadas son de máxima afinidad de los comunes, ya que la propia exalcaldesa u otros miembros de su formación han formado parte de ellas antes de su llegada al gobierno municipal. El Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APe) y la organización Ingeniería Sin Fronteras (ESF) deberán justificar el uso de las numerosas aportaciones económicas recibidas durante la etapa Colau.
Presunto desvío de fondos
El escrito judicial apunta que "varias de las personas que intervinieron en la concesión de las subvenciones tenían vínculos con las entidades que recibieron el dinero", motivo por el que se resalta la importancia de justificar el uso de estas partidas ante la posibilidad de que, quienes las concedían, fueran "conscientes de estar dando un uso desviado a fondos públicos".
El tribunal refuerza su petición al justificar que buena parte de las cantidades asignadas se destinaban, presuntamente, al sueldo de los empleados. "Así, por ejemplo, y como mera hipótesis, puesto que parece que las entidades que recibieron las subvenciones las destinaron en una elevada proporción a gastos de personal, pudiera resultar que quienes concedían la subvención sabían que estaban facilitando el pago de retribuciones a sus compañeros o excompañeros, en vez de destinar el dinero a finalidades adecuadas para un ayuntamiento", destaca el texto.
Colau y la interventora, imputadas
La Justicia mantiene la imputación de Colau, a la que ahora se ha sumado la de la interventora municipal. La edil de los comunes declaró en 2022 para defender sus buenas praxis en la concesión de las ayudas, una justificación que no ha convencido al tribunal tras la estimación del recurso de la citada asociación.
La Audiencia destaca ahora que estas subvenciones se concedieron durante años, y subraya que la motivación para las ayudas ya otorgadas debería influir en posteriores concesiones. En este aspecto, la Justicia hace referencia tanto a la decisión de asignar o no las subvenciones como a si éstas deberían facilitarse de forma directa o previa concurrencia de otras entidades.