Exprimir al turista. Esta es la exigencia de BComú y ERC al gobierno de Jaume Collboni si quiere aprobar las ordenanzas fiscales de Barcelona y, a la vez, los presupuestos de 2025. Ambos beneplácitos van ligados, y así se lo han hecho saber al Ejecutivo socialista, que este miércoles logró la aprobación inicial de los tributos con el apoyo de estos grupos municipales.
El 'sí' inicial a las tasas e impuestos no es un cheque en blanco. Comunes y republicanos han respaldado su posicionamiento en el incremento de la presión fiscal al turismo, pero no es suficiente. Quieren concesiones que graven, aún más, la actividad turística. Unas reclamaciones que, de satisfacerse, supondrían la primera aprobación por mayoría de las cuentas barcelonesas por parte del gobierno de Collboni desde su llegada a la alcaldía.
"Decrecimiento turístico"
Los comunes no esconden la turismofobia que les ha caracterizado desde su irrupción en el Ayuntamiento. Durante la Comisión de Economía celebrada este miércoles, la edil Janet Sanz defendió unos tributos que comporten el "decrecimiento turístico" en Barcelona, y que corrijan la "política alejada de los barrios" practicada por el PSC.
La regidora de BComú valoró positivamente el incremento del IBI que afectará, principalmente, a los hoteles de lujo, así como la subida del precio de la entrada para acceder al Park Güell. Sin embargo, consideró que la propuesta municipal es insuficiente.
Los planes de Collboni pasan, en el primer caso, por un aumento del IBI del 1% actual al 1,08%, mientras que los comunes abogan por dispararlo al 1,30%. Los socialistas no concretan el incremento del coste de la entrada al Park Güell, al mismo tiempo que BComú pide que el ticket se acerque "más a los 20 euros que a los 10".
Cruceros y terrazas
Entre las exigencias de los comunes, también destaca la reducción de los cruceristas. Para ello, la formación reclamó al PSC en la citada Comisión una contundencia que provoque la reducción de las "terminales de cruceros" existentes en la capital catalana.
BComú tampoco olvidó la mano dura con las terrazas. Sanz ha recogido el guante de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), gran aliada de Ada Colau durante su paso por la alcaldía barcelonesa, que ha juntado 18.000 firmas para llevar al pleno municipal una nueva ordenanza que conlleve un endurecimiento de las condiciones para los restauradores.
Fiscalidad turística local
Desde ERC insisten en la necesidad de crear una "fiscalidad turística local". Así lo defendió en Comisión el edil Jordi Castellana, quien recordó que "el turismo bate récords en cantidad y precios", por lo que "hay mucho más margen para avanzar".
La prioridad, que ha encontrado el visto bueno del Ejecutivo local, es el incremento del recargo municipal al impuesto turístico hasta los ocho euros, lo que significaría doblar la cuantía actual.
Los republicanos apuestan, también, por la creación de un nuevo tributo. Establecer un impuesto "sobre los grandes barcos" es otra de las condiciones propuestas por ERC para "garantizar el voto favorable final".
Residuos
Para compensar el aumento de la tasa de residuos que ha impulsado el gobierno municipal, y que se establecerá en una cuantía de entre cinco y diez euros, los republicanos defienden que se costee parcialmente haciendo uso de la recaudación procedente del impuesto turístico.
Además, ERC propone una bonificación para aquellos vecinos cuya gestión de residuos depende del sistema 'puerta a puerta'. Los socialistas no ven con malos ojos esta iniciativa, que la consideran "discutible" en el periodo de alegaciones.
Criminalización del turismo
Junts y PP ven, en este tripartito fiscal, una "criminalización del turismo". Así lo han expresado ambos grupos, alineados en materia impositiva. Desde la primera formación, el regidor Ramon Tremosa incidió en la citada Comisión en la necesidad de reducir la "presión fiscal" a los barceloneses, y remarcó la propuesta de "rebajar el IBI un 2%".
Los populares insisten en que la "asfixia fiscal castiga a las clases medias". La concejal Ángeles Esteller subrayó que "los sectores productivos de la ciudad están sufriendo esta presión fiscal" y reclamó, además, el establecimiento de "bonificaciones de un 90% a las familias numerosas" para hacer frente a la carga impositiva municipal.