Dinero. Casi tres millones de euros para mantener el espacio público. Y es que el espacio público es de todos y se ha de gestionar convenientemente para que no haya abusos. Pero preservarlo es una tarea titánica que requiere de la vigilancia y de la gestión de los poderes públicos.
En Barcelona, esa responsabilidad descansa en el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS). “El IMS tiene el compromiso de velar por la preservación del espacio público como lugar de convivencia y civismo, donde todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los otros y a la pluralidad de expresiones culturales, políticas, lingüísticas, religiosas y de formas de vida diversas existentes en Barcelona, es decir, donde todas las personas puedan ejercer su derecho a la ciudad, superando el anterior paradigma de civismo”.
Así lo recoge un informe interno del Ayuntamiento referido a la gestión del espacio público barcelonés.
Prórroga
Para vigilar lo que ocurre en el ámbito público, el Ayuntamiento dispone del Servicio de Gestión de Conflictos (SGC), que se encargó el pasado 29 de octubre a la empresa Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials.
Suciedad tras una noche de botellón en la plaza de Joanic
El contrato entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y tendrá una duración de un año, con un coste de 2.987.576 euros.
El contrato podrá tener sólo una prórroga de otro año más por un importe similar, por lo que coste total de pacificar los espacios públicos barceloneses ascenderá, los dos próximos años a prácticamente 6 millones de euros. Un fortunón. Progess fue la única licitadora del concurso, pero aún así pujó sensiblemente por debajo del presupuesto previsto de licitación.
Una nueva perspectiva
En realidad, la gestión del espacio público es un servicio que se comenzó a realizar en el lejano año 2006, poco después de aprobarse la ordenanza municipal para el fomento del civismo y la convivencia.
Pero, como dice el informe, “durante los 18 años transcurridos, el servicio ha evolucionado en muchos aspectos”. Ahora lo que se prima es una “nueva perspectiva” que “implica una aproximación integral a las problemáticas que, más allá de la reacción ante incumplimientos normativos y la prevención de conductas que generan impacto, implique la asunción de medidas proactivas para hacer del espacio público un espacio para el ejercicio de los derechos”.
En otras palabras, ahora se trabajará más en el ámbito de la prevención, pues ya se conocen las principales causas de los conflictos ciudadanos, ya sean interpersonales o entre colectivos.
Campos diversos
Desde los informes municipales se destaca que el espacio público es también “el espacio de intercambio ciudadano donde se produce la interacción social con toda la complejidad, diversidad y multiculturalidad”.
De ahí que pueda ser un lugar donde “pueden surgir impactos en la convivencia de los diferentes actores en el territorio por la intensidad de uso, conflictos de intereses o un uso inadecuado del espacio”.
Las molestias generadas por la concentración de jóvenes haciendo botellón, por ejemplo, pueden provocar graves problemas e incluso alarma social. Pero también otras acciones, como conductas incívicas.
Imagen de un botellón habitual en las puertas del Forum
El servicio abarca campos tan diversos como el de la micción en la calle hasta el botellón, las trifulcas entre bandas o determinados fenómenos de los sintecho.
Conflictos por sorpresa
Desde el consistorio se reconoce que “el conflicto es inherente al espacio público, ya que es donde confluyen diferentes intereses públicos y privados, así como personas con necesidades y expectativas diversas. Por este motivo, la buena convivencia entre los diferentes actores no puede darse por sentada y a menudo no surge de manera espontánea”.
En otras palabras, la mayor parte de los conflictos van larvándose durante tiempo hasta que explotan o afloran en toda su intensidad.
De lo que se trata es de minimizar las consecuencias de los conflictos que se puedan producir en un momento determinado.
El ámbito de gestión tendrá dos ejes fundamentales: una intervención a demanda, que se produce cuando se detecta un grave conflicto de naturaleza social y alta complejidad que los servicios estándar del territorio no son capaces de controlar; y actúa también preventivamente “sobre dinámicas emergentes en la ciudad que creen alarma social en el imaginario colectivo previamente a la aparición del conflicto o que pueden convertirse en problemáticas, dificultar la convivencia y el uso compartido del espacio público”.
Vigilancia permanente
Hay una característica inherente a este servicio: se ha de gestionar de manera permanente, porque puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. “Una intervención municipal orientada a la promoción y fomento de la convivencia desde la lógica del derecho a la ciudad ha de partir de la necesidad de revertir las desigualdades sociales, de habilitar espacios para que la ciudadanía diversa haga un uso compatible con otros usos, de la participación ciudadana y de la negociación permanente”, dicen las cláusulas del contrato de gestión.
Además, la gestión de conflictos requiere un alto grado de transversalidad y de coordinación de servicios y recursos diversos tanto municipales como no municipales, al mismo tiempo que obliga a un alto nivel de interlocución con diferentes actores en el territorio (sean gremios, asociaciones de vecinos, entidades cívicas o grupos de cualquier clase).
También necesita de una alta capacidad de activación de los servicios y recursos coordinándolos en función de las necesidades detectadas. Esta ingente tarea desborda la capacidad de los servicios municipales, que no tienen personal ni medios para atajar los problemas y por eso se recurre a la externalización del servicio.