Ayuntamiento de Barcelona
Barcelona da el primer paso para reformar la Ordenanza de Civismo
El tercer teniente de alcalde, Albert Batlle, ha defendido que la nueva regulación debe nacer con un “gran pacto"
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La Comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente la reforma de la Ordenanza de Civismo.
Lo ha hecho con el apoyo de ERC, mientras que Junts, PP y Vox se han abstenido. BComú se ha mostrado en contra.
El tercer teniente de alcalde, Albert Batlle, ha defendido que la nueva regulación debe nacer con un “gran pacto”. La normativa actual tiene 20 años y la reforma plantea mejorar la atención social a personas vulnerables y endurecer las sanciones.
El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, a 25 de junio de 2025, en Barcelona
Un texto que busca consenso
La comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca, ha asegurado que el objetivo es lograr el máximo consenso posible antes de la aprobación definitiva. “Queremos seguir hablando para mejorarla”, ha explicado.
Por su parte, ERC ha votado a favor junto al PSC, impulsor de la reforma. El concejal Jordi Coronas ha defendido que la ordenanza debe actualizarse porque está “caducada, es insuficiente e ineficaz”.
Posturas divididas entre los grupos
Desde Junts, Jordi Martí ha reiterado que su grupo se abstiene porque considera la propuesta “insuficiente” y ha criticado la falta de voluntad política para aplicar la norma en los últimos años. No votaron en contra por “responsabilidad con los ciudadanos”.
El líder de Junts, Jordi Martí Galbis
El PP también se ha abstenido. Su portavoz, Juan Milián, ha calificado la reforma de “tibia” y ha culpado a la exalcaldesa Ada Colau de la degradación de la ciudad. Aun así, ha celebrado que se incluyeran algunas de sus propuestas.
Vox y BComú, en extremos opuestos
El líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha justificado su abstención por la necesidad de actualizar la normativa. Sin embargo, ha denunciado la “discriminación” que asegura haber sufrido al no aceptarse sus enmiendas.
BComú ha sido el único grupo que ha votado en contra. Consideran que la modificación confía las políticas de convivencia a “aumentar las sanciones pactando con la derecha a ver quién pone la multa más grande”.
