Ha vuelto a suceder. En el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Un concejal de los comunes, Pau González, ha arremetido contra Metrópoli Abierta y Crónica Global, los dos medios de GMG, que son líderes, junto a El Español, en Catalunya. Toda crítica a su gestión se ha traducido, por su parte, en un ataque hacia los mensajeros. Y, sin autocrítica, los comunes repiten el mensaje que difundió Ada Colau prácticamente al inicio ya de su mandato, en 2015.
Ahora la crítica de los comunes se centra en las partidas públicas del Ayuntamiento a los medios, basadas en las audiencias. Y en el apoyo a iniciativas como el Barcelona Desperta!, un foro de debate que ya cuenta con tres ediciones y reúne a representantes del mundo económico, social y cultural de Barcelona y de su área metropolitana. Los comunes entienden, y así lo han explicado en el pleno, que el Ayuntamiento no debe apoyar esas iniciativas.
El partido que lidera Ada Colau, y que gobernó Barcelona durante ocho años, no ha criticado, sin embargo, apoyos económicos a medios de su cuerda, como El Crític, La Directa o Público. Si de esos medios no surgía un reproche a los comunes entonces eso equivalía, a juicio de los comunes, a una actuación periodística correcta y profesional.
El concejal González también se refiere a la falta de arraigo de los dos medios, Metrópoli Abierta y Crónica Global.
Sin embargo, en julio de este mismo año, se celebraron los diez años de Crónica Global en una fiesta de conmemoración que contó con la representatividad más alta de la sociedad barcelonesa. Y esta misma semana se entregaba el I Premio Pedro Vega de Periodismo en el Palau Macaya con representantes de distintos ámbitos profesionales de la ciudad.
La praxis de los comunes
El disparo contra los medios esconde la falta de propuestas de los comunes, que reprochan al Ayuntamiento que dirige hoy el alcalde Jaume Collboni graves carencias, por ejemplo, en materia de vivienda.
Pero ha sido el fracaso de los comunes el que explica, en gran medida, la falta de vivienda en Barcelona, con una obsesión contra el sector privado que ha impedido la tradicional colaboración público-privada en la ciudad. No ha llegado a 30 viviendas las alcanzadas con la medida del 30% que impuso Ada Colau.
Lo que Metrópoli Abierta y Crónica Global no pueden aceptar –porque sí se entiende la crítica y la valoración sobre sus informaciones dentro de un sistema democrático que fomenta la libertad de expresión-- es que se afirme que han vulnerado derechos o que los dos medios se han visto condenados por la Justicia.
Nada más lejos de la realidad. Metrópoli fue absuelta por una información sobre el caso MRW, a diferencia de lo que sostiene el concejal de los comunes. Se ganó también el caso sobre el CDR. Y se han ganado todos los casos en los que los comunes han querido herir a los dos medios de comunicación.
La práctica que se impuso en el Ayuntamiento de los comunes iba en contra de cualquier praxis periodística habitual.
Los medios pedían una determinada información. El consistorio se mantenía en un estricto silencio, ignorándolos de forma permanente. Y cuando se publicaban determinadas informaciones, entonces el Ayuntamiento se acogía al ejercicio de rectificación.
Lo hicieron una y otra vez. Ese derecho se incorporaba después en las piezas periodísticas. Pero eso no equivalía a ninguna rectificación o a una condena jurídica, como señala el concejal de los comunes.
La obsesión se alarga. Los comunes entienden que esa es su manera de ejercer –hoy-- la oposición. Y no son capaces de formular nada con un carácter positivo para la ciudad.