El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido dar un golpe sobre la mesa en materia de digitalización. El consistorio invertirá 105 millones de euros hasta el año 2028 en la contratación de servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), una cifra que supone duplicar la inversión respecto al periodo anterior, cifrada en 50,8 millones en 2020.
Este ambicioso plan ha sido aprobado por el consejo rector del Institut Barcelona Innovació i Tecnologia (BIT) —antiguo Instituto Municipal de Informática (IMI)— a través de un nuevo acuerdo marco que regulará cómo se compra tecnología en la ciudad durante los próximos cuatro años. El objetivo es claro: modernizar la administración, unificar sistemas y, de paso, regar de contratos al tejido empresarial local.
Tecnología como "servicio público"
El nuevo acuerdo no solo afecta al Ayuntamiento propiamente dicho, sino que por primera vez unifica la contratación para todas las empresas e instituciones del grupo municipal. Esto permitirá implementar nuevas tecnologías de forma compartida y más eficiente.
El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls
El teniente de alcaldía de Economía, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha defendido esta inyección de capital como una declaración de intenciones: "Duplicar la inversión es coherente con el objetivo de situar a Barcelona al nivel de las grandes ciudades globales, como Londres o Seattle, que dedican más del 4% de su presupuesto a tecnología".
Para Valls, la digitalización ha dejado de ser un accesorio para convertirse en un derecho: "Para este Ayuntamiento, la tecnología es un nuevo servicio público en sí misma y su acceso es condición de plena ciudadanía, así como el progreso social y económico".
Oportunidades para las Pymes y freno a los gigantes
Una de las novedades más destacadas de este acuerdo marco es su diseño para favorecer al ecosistema local y evitar que los grandes gigantes tecnológicos copen todas las licitaciones. El plan incluye medidas de "discriminación positiva" para las pequeñas y medianas empresas:
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Límites a la licitación: Se pone un tope de 4 millones de euros a los proyectos para evitar monopolios.
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Micro-contratos: Se crean dos lotes específicos para proyectos inferiores a 60.000 euros, diseñados a medida para que las pymes puedan acceder a la contratación pública.
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Restricciones de participación: Se limitará el número de lotes a los que una misma empresa puede presentarse para garantizar una mayor competencia.
La sede del Ayuntamiento de Barcelona en la plaza de Sant Jaume / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Estabilidad laboral y diseño centrado en el usuario
Más allá del dinero, el Ayuntamiento exigirá nuevos estándares de calidad y ética laboral. Los pliegos valorarán la estabilidad de las plantillas de las empresas tecnológicas que concursen, premiando a aquellas que ofrezcan empleo de calidad.
Asimismo, se introduce un lote específico dedicado al "diseño de servicios centrado en el usuario". Esto implica que, antes de programar o comprar software, se priorizará el análisis de las necesidades reales tanto de la ciudadanía como de los funcionarios que utilizarán las herramientas, buscando acabar con la burocracia digital ineficiente.
Este movimiento se alinea con el Plan Estratégico del BIT, que prevé duplicar su presupuesto anual y aumentar su plantilla propia un 30%, alcanzando los 300 profesionales públicos en 2030.