Daniel Sirera, líder del PP en Barcelona
Ada Colau y Yolanda Díaz, protagonistas de la campaña de Daniel Sirera contra el burka y el niqab
El líder del PP en Barcelona reclamará a Jaume Collboni, en el pleno municipal de febrero, que inste al Gobierno a prohibir estas piezas de ropa en el espacio público
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El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, reclamará al alcalde, Jaume Collboni, que inste al Gobierno a prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos.
El edil popular ha presentado este miércoles su proposición, acompañada de un soporte gráfico en el que aparecen la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero; la Secretaria General de Podemos, Ione Belarra; y la diputada de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.
Acompañadas de un grupo de mujeres con niqab, Sirera ha denunciado que estas representantes políticas y sus formaciones defienden el uso de estas piezas de ropa, que cubren parcial o totalmente la cara, porque ellas no tienen que llevarlas, y ha advertido de la necesidad de eliminar estos símbolos de "opresión".
Proposición
La proposición que el grupo popular trasladará al pleno recuerda que "el uso de velo integral y de otras piezas de ropa o elementos que ocultan totalmente o parcialmente el rostro en el espacio público puede generar dificultades objetivas en materia de identificación personal y seguridad, así como problemas de convivencia".
La formación añade que el burka y el niqab pueden constituir elementos de "invisibilización y subordinación de la mujer incompatible con los valores de libertad, dignidad e igualdad que tienen que orientar la actuación de los poderes públicos".
"No podemos mirar hacia otro lado ante una realidad que atenta contra los valores básicos de una sociedad libre e igualitaria. No podemos seguir permitiendo que haya mujeres en nuestra ciudad que salgan a la calle detrás de una cárcel de tela por el simple hecho de ser mujeres”, ha afirmado Sirera.
Prohibición
El texto insta al Congreso a tramitar y aprobar una ley con el apoyo del Gobierno que prohíba el uso de estas piezas de ropa, y que dicha aprobación conlleve "sanciones proporcionales".
Esta proposición también exige "coordinación" de la futura aplicación de la ley "con las comunidades autónomas y las entidades locales, garantizando criterios homogéneos de actuación".
