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BCN pagará 2,7 millones para controlar la calidad de todos sus servicios sociales

El Ayuntamiento quiere llevar la excelencia a los servicios que presta a la población más vulnerable a través del IMSS y sus organismos

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Los servicios públicos no son una bagatela y hay que cuidarlos y mimarlos. Es lo que piensan los responsables municipales, puede ser que reflexionando sobre la paradoja del filósofo esloveno Slavoj Zizek, quien sostiene que “vivimos una época que promueve los sueños tecnológicos más delirantes, pero no quiere mantener los servicios públicos más necesarios”.

Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona mirará con lupa la calidad de los servicios sociales que presta a los ciudadanos más vulnerables. En otras palabras, el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) será fiscalizado los próximos dos años por una empresa experta en valoración y optimización de contrataciones.

Se amplía la fiscalización

El objetivo es llevar a la excelencia la calidad de las prestaciones sociales municipales de la capital catalana. La fiscalización de este órgano es relativamente nueva: comenzó en el año 2022, aunque inicialmente se circunscribía a los servicios domiciliarios, teleasistencia y Vincles, como prueba piloto.

La experiencia fue satisfactoria y el control de los servicios y de su calidad se ha disparado, por lo que a partir de ahora se controlan las unidades gestoras de los servicios sociales.

“El éxito alcanzado en la mejora de la calidad de los servicios domiciliarios en estos años y la voluntad de crear progresivamente un modelo propio de control de calidad de la organización aplicable al conjunto de los servicios personales, generó la necesidad estratégica de ampliar el alcance del control de calidad a nuevos servicios del IMSS para ofrecer un mejor servicio a los usuarios de otros servicios más allá de los domiciliarios”.

Desde teleasistencia al SAD

Es decir, lo que se va a hacer es controlar el servicio a los usuarios que dan las empresas que han logrado los contratos públicos de mediación. Así, se fiscalizan todos los aspectos que afectan al IMSS. Por un lado, la calidad del servicio de ayuda a domicilio (el SAD), la teleasistencia, el servicio de Comida a Domicilio, la gestión del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) o el proyecto Vincles BCN.

Una persona mayor se da la mano con otra

Una persona mayor se da la mano con otra Archivo

¿Qué significa esto? Que se fiscalizará toda la cadena de servicios. Por ejemplo, en el caso de la comida suministrada a los usuarios, si se preparan en cocinas de empresas adjudicatarias, aunque estén fuera de la ciudad de Barcelona, los controladores se desplazarán hasta los centros logísticos, estén donde estén, “a efectos de inspección”.

Control continuado en el tiempo

Toda la fiscalización se hará de manera continuada en el tiempo, con un seguimiento constante de los servicios de manera que se atengan a los estándares y a los indicadores de calidad detallados en las cláusulas del contrato.

Por otro, también se pondrá la lupa sobre los centros que ofrecen servicios. O sea, se estudiará al detalle la gestión integral de las residencias Francesc Layret, Parc del Guinardó, Josep Miracle, Fort Pienc y Casa Bloc.

Los comedores sociales

Asimismo, entran en la medida la gestión de los centros de acogida de urgencias por violencia machista, los centros temporales de Cal Muns y Santa Lluïsa de Marillac, así como el centro para sin techo de Masía Can Planas y el servicio de atención integral de Nou Barris, los centros APROP de Ciutat Vella y Glòries, media docena de centros de alojamiento temporales para personas sin hogar, el comedor diurno del centro de Navas y los comedores sociales de Eixample y Les Corts.

Aunque de momento no entran dentro de esa fiscalización algunos servicios, no se descarta que en un futuro cercano pueda ampliarse el control a los alojamientos colectivos Tànger, al centro de alojamiento familiar temporal de Navas y a algunos servicios del SAD.

Servicios externos y finalistas

La característica común de todos estos servicios es que “todos son de carácter social y se prestan por proveedores externos directamente y de manera finalista a los usuarios”, dicen las cláusulas del contrato que acaba de conceder el consistorio.

La calidad de los servicios tiene otra variante: no sólo se mirará el servicio final prestado a los usuarios, sino también la dimensión interna del contrato, que se traduce en vigilar que se cumpla la normativa en materia laboral de los trabajadores que presten esos servicios, de salud pública, prevención de riesgos, obligaciones laborales de las empresas que contratan con la Administración, etc.

Un contrato corto

Con la información recopilada, se evaluarán las deficiencias, se desarrollarán procedimientos para realizar cambios e incluso se rediseñarán los procesos y protocolos para optimizar los circuitos del control de calidad, teniendo en cuenta que el objetivo final es “la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad de la prestación a la persona usuaria”.

La fiscalización correrá a cargo de la empresa Cias Com 2001, que formalizó el contrato el pasado 25 de agosto por 1.376.818 euros y una duración de un año. El contrato sólo puede tener una prórroga de otro año más, por lo que el coste puede ascender a algo más de 2,77 millones de euros.