La congelación del precio de la T-10, el título de transporte más utilizado por los barceloneses, está pendiente de una nueva guerra política, en este caso entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. A menos de 48 horas de que se aprueben las nuevas tarifas, la alcaldesa Ada Colau y la consellera Elsa Artadi han vuelto a hacer evidente que mantienen posiciones muy alejadas. Colau ha vuelto a hacer un llamamiento a no incrementar los precios y ha instado a PDeCAT y ERC a apoyar los presupuestos generales del Estado para 2019 para garantizar que el precio del transporte no suba, mientras que la Generalitat, aunque es partidaria de no incrementar las tarifas, ha condicionado la congelación al apoyo de En Comú Podem a los presupuestos del gobierno autonómico.
El precio del transporte público del Área Metropolitana de Barcelona lo fija cada año la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un consorcio del que forman parte la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), como principales admnistraciones. Sin embargo, la decisión final la tiene la Generalitat, que controla el 51% de las participaciones del consorcio -el Ayuntamiento tiene el 25% de las participaciones, y la AMB, el 24%-. Si no se producen cambios, la reunión en la que se tienen que decidir las nuevas tarifas tendrá lugar el jueves por la mañana, pero con tan poco de margen parece difícil que los distintos conflictos políticos que hay sobre la mesa se despejen.
EL AYUNTAMIENTO, EN CONTRA
Sin embargo, eso no significa que las tarifas del transporte público vayan a incrementarse en Barcelona en 2019. El próximo año es año electoral y el precio de transporte público es un tema muy sensible entre la ciudadanía. La primera interesada en congelar los precios es Colau -la alcaldesa ya ha confirmado que el Ayuntamiento se opondrá al aumento-, pero a cinco meses de las elecciones municipales -y con la capital catalana en juego- el Govern de la Generalitat no se puede permitir el lujo de pasar como la administración que ha subido el precio del metro y del bus.
El gran problema del transporte público metropolitano es la financiación. El transporte público es deficitario y se paga con las aportaciones del Ayuntamiento, la Generalitat, el Estado y el Área Metropolitana de Barcelona, y los billetes de los ciudadanos. En total, las administraciones han aportado en 2018 unos 790 millones de euros. La Generalitat ha pagado 394,1 millones; el Ayuntamiento, 157,6; el Área Metropolitana de Barcelona, 129,7, y el Estado, 108,4 millones. Según Colau, los presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez -pactados con Podemos- prevén un incremento de 40 millones más de la aportación del Estado al transporte público de Barcelona, "lo que permitiría la congelación de las tarifas". Pero para que el dinero llegue a las arcas de la Autoritat del Transport Metropolità, Sánchez necesita aprobar los presupuestos y para ello necesita el apoyo de PDeCAT y ERC.
ACUERDO GLOBAL
La consellera y portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, no ha entrado al trapo a las peticiones de Colau y ha pedido a los comuns que den su visto bueno a los presupuestos autonómicos para el próximo año. Según Artadi, la Generalitat no quiere subir el precio del transporte público en Barcelona, pero ha instado al partido de la alcaldesa a no poner líneas rojas y llegar a un acuerdo global. Este jueves, en principio, se tendría que salir de dudas y saber si el precio de metro y bus suben de precio como el año pasado.
En 2018, la T-10 de una zona, el título más utilizado por los viajeros y que sirve para moverse por la capital catalana, se disparó y se encareció 25 céntimos. Pasó de 9,95 euros actuales a 10,20, con un incremento medio del 2%. La subida de los precios se produjo después de dos años de congelación de las tarifas y un tercero, 2015, en el que se bajaron, gracias a un acuerdo del entonces alcalde Xavier Trias y el socialista Jaume Collboni. En aquella ocasión, el Ayuntamiento de Barelona asumió los costes de no subir las tarifas.