El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del gobierno de Ada Colau. El alto tribunal ha emitido dos resoluciones en las que da la razón al Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y la Generalitat, y rechaza levantar el veto a los coches contaminante en la capital catalana.
La normativa está vigente en la capital catalana desde enero de 2020. Sin embargo, todavía no se ha empezado a sancionar. Coincidiendo con el estado de alarma, los Ayuntamientos afectados -Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Sant Adrià de Besòs- decidieron aplicar una moratoria. Ahora, la fecha fijada para empezar a sancionar es el 15 de septiembre. La ZBE, en Barcelona, afecta al perímetro delimitado por las rondas de Dalt y Litoral.
"DESIGUALDADES" Y "FRACTURA SOCIAL"
Las demandas contra la ZBE las presentaron la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias y la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros, que señalan serios problemas económicos, tanto para empresas como para particulares, si se aplica esta norma "y generar desigualdades y fractura social". Si bien el TSJC reconoce que la ZBE puede causar "molestias" a determinados colectivos, en una de las resoluciones, defiende el "interés público" y "la aplicación inmediata de la norma".
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, ha aplaudido la decisión judicial y ha dicho que el TSJC no pasa de puntillas y da la razón a las administraciones en la decisión de poner en marcha la ZBE. Si bien las resoluciones desestiman las medidas cautelares que pedían los demandantes -se pueden recurrir-, el TSJC no deja mucho margen de maniobra porque la paralización de la norma puede poner en riesgo "el derecho a la salud y al medio ambiente", que defiende la legislación europea y española.