Los transportistas estallan contra la ZBE: "Pone en peligro miles de trabajos"

Los conductores de vehículos privados a título particular no son los únicos afectados por las restricciones derivadas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). A falta de un mes para que comiencen sus prohibiciones, los transportistas propietarios de vehículos sin adhesivo ambiental están al límite ante la posibilidad de no poder acceder a Barcelona.

El Ayuntamiento ofreció una moratoria a los profesionales que desarrollaran parte de su trabajo en la capital catalana. De esta manera, el acceso de los vehículos ligeros contaminantes está permitido hasta el 1 de abril de este año, mientras que para los pesados la prórroga llega a su fin el próximo día 1 de julio.

Esta situación, ha llevado al sector a exigir el acceso a la ciudad pasadas estas fechas, ya que consideran que la implantación de la ZBE no se ha acompañado de las ayudas prometidas por la administración para favorecer una transición ecológica.

MANIFIESTO

El sector de transporte de mercancías de Barcelona, conjuntamente con otros subsectores, ha elaborado un manifiesto contra la "regulación e implantación" de la ZBE en Barcelona. En él, destaca que la medida "no ha ido acompañada de las adecuadas modificaciones normativas y ayudas a las cuales se había comprometido la Administración para la reconversión del sector y poderse implantar la medida de forma no traumática".

Además, remarca que "dichas circunstancias, sumadas a la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia del covid-19, han imposibilitado que los autónomos y las pymes del transporte hayan adaptado sus flotas de vehículos a los requisitos establecidos en la ordenanza". Por ello, se insiste en que se está poniendo "en serio peligro tanto la distribución de bienes y servicios en Barcelona, como los miles de puestos de trabajo que de ella dependen".

EXENCIÓN

El texto explicita que "el transporte de mercancías por carretera quiere ser parte activa en la lucha contra el cambio climático de forma decidida", pero remarca que debe realizarse "de forma realista y sin que se produzcan perjuicios irreparables al sector". Además, recuerda que "el transporte de mercancías por carretera es un servicio esencial", por lo que "las Administraciones públicas están obligadas a garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de esta actividad y los puestos de trabajo que de ella dependen".

Por todo ello, se destaca que "todos los vehículos adscritos profesionalmente a la actividad y sobre todo los que requieren de una autorización de transporte, deben quedar exentos de las restricciones de circulación para la ZBE, mientras las propias Administraciones no faciliten los medios para la adecuada reconversión del sector". En este sentido, se pide poner especial atención en "aquellos transportistas autónomos mayores de 60 años".

Un transportista sale de un área de servicio / EP

Los transportistas solicitan "un marco legislativo y medidas adaptadas a la situación, así como ayudas directas para poder llevar a término la reconversión del sector del transporte de la manera más pronta y eficiente posible". También advierten que, de no lograrse un acuerdo entre administraciones para conseguir los objetivos marcados, se producirán movilizaciones y manifestaciones "en defensa del sector".

ENCUENTRO CON ALARCÓN

Evaristo Magaña, presidente de la Asociación de Transportistas Agrupados Condal, lamenta que la prohibición de circulación de vehículos comerciales en Barcelona esté a la vuelta de la esquina sin una alternativa real: "Estamos a un mes de que los vehículos comerciales ligeros sin etiqueta no puedan circular, y a cuatro meses de los pesados".

En este sentido, el presidente explica que "trabajando con un vehículo ligero eléctrico no se puede parar para recargar, y para los pesados no hay alternativa al diésel". Por ello, reclama que se permita circular libremente "hasta que no haya infraestructuras y vehículos más ecológicos" en el mercado, así como "ayudas" para que los conductores puedan realizar la transición: "Un tráiler vale 75.000 euros, y un semiremolque más de 100.000", recuerda en relación al elevado gasto que debe realizar un transportista.

Tras una reunión del colectivo este jueves con la concejal de Movilidad, Rosa Alarcón, Magaña afirma que la edil socialista ha aclarado que no dispone de "competencias" para prolongar la exención en las restricciones. Al mismo tiempo, ha aceptado la petición del colectivo sobre organizar una "reunión con Generalitat, AMB y Ayuntamiento" para tratar la cuestión. Ésta deberá realizarse en los próximos días, ya que en cuestión de un mes entrará en vigor el régimen sancionador para los vehículos comerciales ligeros.

'CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN'

Magaña asegura que, de no llegar a un acuerdo entre las partes, los transportistas están dispuestos a realizar "cualquier tipo de acción", destacando las "movilizaciones" como elemento de protesta más probable.

Pese a ello, el presidente del colectivo quiere tratar de evitar esta postura debido al contexto de pandemia actual: "recibiremos la crítica de la opinión pública si no se distribuye alimentación ni medicamentos en Barcelona. No es fácil, pero tenemos que poder trabajar", sentencia.