La retirada de los peajes en las autopistas dependientes del Estado en Cataluña no ha sentado nada bien a los comunes. Con esta medida recién adoptada, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha exigido este jueves establecer un sistema de pago para las vías que han quedado libres de coste.
Sanz ha remarcado la necesidad de "desincentivar" el uso del vehículo privado, asegurando que esta medida "genera un problema de contaminación" en "Barcelona" y en "todo el país".
PAGO POR USO
Los comunes han defendido el sistema de "pago por uso" para las autopistas catalanas. Sanz ha defendido este modelo para, también, conseguir más fondos para destinarlos al transporte público.
La concejal de los comunes ha insistido en que, según marca la Unión Europea, en 2024 las vías de alta capacidad deberán contar con desincentivos para el uso de las mismas a causa del estadio de emergencia climática.
VÍAS LIBERADAS
Los peajes de las autopistas AP-7, AP-2, C-32 norte y C-33 quedaron inhabilitados este miércoles, finalizando así las concesiones del Gobierno a Acesa e Invicat, pertenecientes al grupo Abertis.
El fin del sistema de pago ha supuesto la liberación de 550 kilómetros de carretera, mientras que se han mantenido los peajes de la C-16 y de la C-32 sur.
PEAJE URBANO
El fin de las concesiones en dichas autopistas contrasta con las intenciones de los comunes para Barcelona. En octubre del pasado año, el Ayuntamiento dio su visto bueno al estudio de la implantación de un peaje urbano para entrar en la capital catalana en caso de que no se produzca una mejora de la calidad del aire.
La propuesta provocó un choque entre las dos formaciones del gobierno municipal. Mientras que Eloi Badia, concejal de los comunes, defendía la opción de implementar este pago, la edil socialista Rosa Alarcón insistió en que abrir este debate “es empezar la casa por el tejado” y remarcó que antes hay que trabajar en otras cuestiones.