El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbó, este lunes, la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La Justicia estimó así seis recursos presentados por una decena de colectivos afectados por las restricciones, cuyos miembros han sufrido graves perjuicios por esta polémica medida.
En su escrito, el alto tribunal catalán ha apuntado diversas cuestiones. El texto apunta la existencia de "vicios sustanciales en la elaboración de la norma", y se muestra contrario a aspectos como el "ámbito geográfico" excesivo en el que se aplican las limitaciones, recuerda la discriminación hacia "colectivos que no tienen capacidad económica para cambiar su vehículo" o la falta de "datos de contaminación actualizados en el procedimiento de elaboración de la ordenanza".
Tras esta resolución judicial, los afectados por la ZBE que interpusieron recursos hacia la normativa celebran la decisión judicial en declaraciones a este medio, y estudian medidas para exigir al Ayuntamiento su cumplimiento a falta de una sentencia firme.
ARBITRARIEDAD
Mónica Xufré, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC), afirma que "la sentencia recoge muy bien la arbitrariedad" y la falta de "proporcionalidad" de la ZBE, un aspecto que el colectivo ha denunciado de forma constante.
Respecto a la justificación municipal de la medida, Xufré apunta que el gobierno municipal ha utilizado "argumentos muy pobres" y rechaza las declaraciones de la teniente de alcalde de Urbanismo para defender las restricciones: "Siento asco de Janet Sanz cuando habla de muerte y mete a los niños".
Cartel de la ZBE en la Ronda de Dalt / AJ BCN
La portavoz asegura que PARC pedirá "la ejecución de la sentencia", y apunta que, en caso de recibir luz verde al reclamar una medida cautelar, posiblemente el consistorio no podrá multar a los vehículos sin distintivo a partir del 16 de mayo. Además, inisiste en que "cuando la sentencia sea firme" pedirán la "compensación" para aquellos conductores que han sido sancionados.
ORDENANZA DESPROPORCIONADA
Ramón Casas, secretario general del Gremi de Tallers de Barcelona, confirma que la sentencia fue recibida "con mucha satisfacción", y considera una "éxito que la justicia reconozca el trabajo hecho para demostrar que la ordenanza era absolutamente desproporcionada para las actividades económicas, los ciudadanos y los residentes de Barcelona".
El portavoz señala que el Gremi no cuestiona la "capacidad de intervención del Ayuntamiento para mejorar la calidad del aire", pero pide que se haga de forma correcta. Además, realiza una valoración "muy positiva" de que la sentencia indique que "no se ha tenido en cuenta la transformación de los vehículos para ser menos contaminantes", ofreciendo como única alternativa el "desguace" de los mismos. Por otra parte, también resalta que el consistorio no haya valorado otros aspectos que contribuyen a la contaminación de la ciudad, como el puerto, el aeropuerto o las centrales del Besòs.
Casas explica que el colectivo está a la espera de que el Ayuntamiento presente un recurso y, en caso de que eso ocurra, pedirán "probablemente" la ejecución provisional de la sentencia.
TRABAJADORES MAYORES
Evaristo Magaña, presidente de la Asociación de Transportistas Agrupados Condal (ASTAC CONDAL), indica que el colectivo ha hecho una "buena valoración" de la decisión del TSJC, "sobre todo por aquellos transportistas con una determinada edad que tienen difícil cambiarse el vehículo".
El presidente insiste en que "el conductor autónomo tiene mala solución" ante la ZBE, y afirma que la asociación está a la espera del "recurso del Ayuntamiento".
Indicador de la ZBE en la Ronda de Dalt / AJ BCN
Pese a reconocer que se ha hablado sobre esta resolución, Magaña afirma que aún no se ha tomado una decisión respecto a una posible petición de ejecución de la sentencia debido a las protestas que están protagonizando actualmente los transportistas.
2.000 PUESTOS DE TRABAJO
Yolanda Redondo, secretaria general de la Federación Catalana de Transportes de Barcelona (TRANSCALIT), celebra el fallo que les da la razón tras su recurso, y recuerda que por ahora los transportistas cuentan con una "solicitud" que les permite circular con vehículos sin distintivo hasta el 30 de junio, ya que tras ello se iniciará una "etapa de incertidumbre" para los trabajadores.
La secretaria general recuerda que el AMB tiene contabilizados unos 2.000 vehículos pesados que se verían obligados a dejar de circular, lo que se traduciría en la pérdida de "2.000 puestos de trabajo".
Aunque aún no se ha podido realizar una valoración conjunta en el sector, Redondo reconoce que la Federación está estudiando con su equipo jurídico reclamar una ejecución de la sentencia del TSJC.
SIN FUNDAMENTACIÓN
Carlos Folchi, secretario general de la Associació General d'Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya (AGTC), ve con optimismo la resolución, después de que el colectivo interpusiera un recurso por la "falta de justificación" de la ZBE. "Las asociaciones de transportistas defendemos la lucha contra el cambio climático, pero con medidas realistas", señala.
El portavoz recuerda la importancia de aspectos señalados en el auto, como los "análisis parciales de la situación medioambiental en Barcelona" y la "falta absoluta de análisis sobre el impacto económico", e incide en la necesidad de que se contemplen la instalación de "filtros y catalizadores".
Señal ZBE en la avenida Diagonal / AJ BCN
Folchi afirma que la asociación está "valorando" la petición de ejecución, y destaca el interés por la "paralización de la ordenanza" hasta disponer de una clarificación.
FALTA DE DIÁLOGO
Raúl Sánchez, director de la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC), expresa que "se ha hecho justicia" después de que el Ayuntamiento "no hiciera ni caso" a las peticiones del colectivo, que incidieron en el "impacto de la ZBE al colectivo con menos recursos".
"No tuvimos una moratoria ni ayudas para cambiar el vehículo. Ha habido una falta de diálogo por parte del Ayuntamiento y una falta de preocupación por las personas más vulnerables y con menos recursos", asegura Sánchez, quien incide en que la tramitación municipal fue "chapucera" y con "informes mal hechos".
El director descarta que la asociación pida la ejecución de la actual sentencia debido al coste económico inasumible que les supondría si la sentencia firme diera la razón al Ayuntamiento.
NORMATIVA INJUSTA
Desde la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV) destacan su papel "mediador" para lograr "moratorias" en la ZBE, y recuerdan que "para un empresario con una flota de autocares es muy difícil actualizar la flota de la noche a la mañana".
El colectivo tacha de "injusta" la exclusión del sector que impide que los vehículos circulen por la ZBE al tratarse de un "servicio público", y apunta que se está estudiando la posibilidad de exigir la ejecución de la sentencia.
Pancarta durante una manifestación contra la ZBE / CEDIDA
ACATAR LA SENTENCIA
El Gremi del Motor no interpuso un recurso contra la ZBE, pero se ha posicionado con firmeza a favor de que "el Ayuntamiento acate la sentencia y deje sin efecto la ordenanza".
El colectivo defiende el escrito judicial y las carencias que expresa respecto a la actuación municipal, e incide especialmente en que los valores de NO2 solo se superaban de manera continuada en dos de las ocho estaciones de medición de contaminantes de la ciudad.