El Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó inicialmente, en marzo de 2023, el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), una planificación llamada a sustituir el Plan General Metropolitano (PGM) vigente, que data de 1976. En materia de movilidad, la iniciativa representa un duro ataque a los desplazamientos privados. Con el horizonte marcado en 2050, el ente metropolitano busca una reducción de un millón y medio de viajes en vehículo privado, mientras que a la par se marca el objetivo de incrementar en 1,6 millones los movimientos en transporte público y la misma cuantía para los desplazamientos enmarcados en el ámbito de la movilidad activa.
Las expectativas del AMB arrinconan la movilidad privada y, por ende, la actividad profesional que de ella deriva. Si se cumpliera esta previsión, la movilidad activa representaría un 55% de los desplazamientos, a los que se sumaría un 30% de movimientos en transporte público y tan solo un 15% en vehículo privado, la mitad de los actuales en este último caso.
Ante esta situación, 21 entidades representantes de los sectores de la automoción, el comercio y servicios, la industria, el transporte y la logística se han unido bajo la denominación Mou-te per Barcelona en rechazo a un plan que resulta una amenaza para su actividad y un perjuicio para el conjunto de la ciudadanía metropolitana.
Alegaciones
La luz verde al PDUM ha contado con la respuesta de los afectados en forma de alegaciones. La Asociación Empresarial de L'Hospitalet y Baix Llobregat (AEBALL), la Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei (AGRUCAES), la Asociación de Transportistas Agrupados Condal (ASTAC), la Associació de Gasolineres de Barcelona i Tarragona (GESBT), la Associació General d'Autònoms-Pimes de Transport de Catalunya (AGTC), la Associació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona (APESBCN), la Asociación de Comerciantes e Importadores de Recambios y Accesorios (CIRA), el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB), el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya y el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme forman parte de la relación de alegantes a este plan urbanístico.
Exposición del AMB sobre la futura planificación urbanística
La Patronal Catalana de la Distribució d'Automoció (Fecavem), Ganvam, el Gremi de Garatges de Barcelona i Província, el Gremi de Reformes d'Interiors de Catalunya (GREINCAT), el Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona, el Gremi del Motor, el Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya (GEDAC), la Federación Catalana de Transportes de Barcelona (TRANSCALIT) y la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), completan un listado que también cuenta con el apoyo de Foment del Treball y de la Asociación Nacional de Seguridad Biológica para la cadena logística (ANSBIO).
El escrito, presentado el pasado mes de diciembre, denuncia el desprecio hacia la movilidad privada y exige cambios en una planificación que no ha tenido en cuenta las necesidades de los sectores empresariales afectados.
Intervención injustificada
El documento critica la injustificada intervención contra la movilidad privada que supone el PDUM, e incide en la necesidad de compatibilizar los desplazamientos privados con el transporte público en el área de Barcelona. En este aspecto, las entidades recuerdan que la realidad residencial y de trabajo señala que la ciudad seguirá generando movilidad privada, porque contribuye a garantizar las oportunidades económicas de la ciudadanía. Además, señalan que la reducción de carriles de circulación en vías metropolitanas es temeraria sin solucionar, previamente, la elevada movilidad de paso existente a día de hoy.
Los firmantes también cargan contra la infravaloración de la aportación de la movilidad privada, olvidando que ésta necesita su espacio para ser eficiente. En esta línea, lamentan que el plan se proponga hacer ineficiente la movilidad privada en lugar de centrarse en la eficiencia de la pública. A ello añaden que el PDUM menosprecia la innovación en los sistemas de motorización de los vehículos privados, y recuerdan que la Unión Europea ha impulsado un conjunto de medidas para reducir las emisiones de éstos en un mínimo de un 55% antes de 2030. Esta reducción, además, está garantizada con la llegada de la normativa Euro 7, que marcará estándares muy estrictos sobre los valores contaminantes del parque automovilístico.
Las entidades destacan que la penalización del uso de la movilidad privada afectará a la evolución del sector de la automoción, que es generador de actividad empresarial y de puestos de trabajo. En este sentido, recuerdan que la rentabilidad de las empresas de automoción está en la base de las inversiones privadas necesarias para el desarrollo de una motorización más sostenible y del vehículo eléctrico. Finalmente, señalan que la movilidad privada asegura la capilaridad de la distribución urbana de mercancías, y lamentan que los transportistas no tengan un trato diferenciado en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) como sí lo tienen en las ciudades europeas de París, Roma, Estocolmo, Bruselas, Ámsterdam, Bonn o Dortmund.
Cartel de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE
Modificaciones en el PDUM
A raíz de estas consideraciones, las entidades exigen la inclusión de ciertas disposiciones relativas a la movilidad privada en el PDUM. Los afectados reclaman que no se reduzcan espacios destinados a la movilidad privada en las vías estructurantes y regionales del área metropolitana de Barcelona hasta que no se garanticen las infraestructuras ferroviarias, así como que las modificaciones se inicien en vías con menor afectación para la ciudadanía en el ámbito metropolitano.
Los colectivos piden evitar la modificacion de vías estructurantes si no se ha aprobado previamente la Ordenanza metropolitana de distribución urbana de mercancías, además de garantizar una reserva mínima de carriles de tráfico rodado a disposición de la movilidad privada. En este aspecto, también se indica que en suelos calificados de sistema vial se puedan implementar sistema de transporte público colectivo solo si no significan una reducción a la movilidad privada.
Los afectados exigen que las avenidas metropolitanas cuenten con un ancho mínimo de 50 metros y una reserva mínima de cuatro carriles para la movilidad privada, al mismo tiempo que las calles estructurantes garanticen un ancho mínimo de 30 metros y dos carriles para el tráfico rodado. Finalmente, reclaman que el texto incluya el compromiso de aprobar, en un plazo de 12 meses, la propuesta de una Ordenanza metropolitana que detalle las dotaciones de aparcamientos disuasorios en cada uno de los ámbitos funcionales del PDUM (Llobregat Continu, Llobregat Delta, Vall Baixa i Ordal, Vallès Nord y Barcelona).
Movilidad profesional
Jordi Martí, coordinador técnico del Consell de Gremis, destaca la importancia de "diferenciar la movilidad personal de la profesional", e indica que "todos los servicios que la ciudad necesita tienen que funcionar". El portavoz explica que los trabajadores deben poder actuar con urgencia ante trabajos como el rescate en un ascensor, por lo que su accesibilidad debe estar asegurada en un tiempo razonable.
A modo de ejemplo, Martí comenta el caso de Barcelona, en el que los profesionales se encuentran con trabas en calles como las pertenecientes a las "superillas". "Tenemos que estar autorizados a acceder de una forma práctica y sin ser sancionados", explica tras aclarar que quieren evitar esta problemática en otros puntos del área metropolitana.
Calle del Consell de Cent tras su reurbanización
Necesidades de movilidad
Joan Blancafort, secretario general del Gremi del Motor, apunta que la planificación metropolitana resulta un "perjuicio" y marca un objetivo que se desconoce "si es cumplible". El portavoz de la entidad recuerda que el vehículo privado es una "alternativa cuando se producen incidencias en el transporte público", y destaca el papel de los concesionarios como generadores de "actividad económica, ocupación e inversión", además de sus esfuerzos en "I+D y en la minimización del impacto ambiental".
El Gremi defiende que la solución de las entidades "pone a la ciudadanía y a la empresa en el centro", y facilita que se "construya un abanico con las mejores soluciones posibles de movilidad".
Falta de diálogo
Ramon Casas, secretario general del Gremi de Tallers, califica como "muy preocupante la reducción de un 50% del vehículo privado" planteada en el PDUM, y critica la "falta de diálogo de la administración con los afectados para llegar a un consenso". "No se nos consultó en ningún procedimiento de la planificación del PDUM", lamenta.
El portavoz indica que los "talleres de reparación de automóviles dependen de que los condcutores puedan llegar a sus instalaciones", y temen que el área metropolitana se convierta en "una extensión del Eixample". "Entendemos que la ciudad tiene que adaptarse a una nueva movilidad, pero establecer una reducción del 50% al vehículo privado nos parece precipitado", sentencia.
Demonización del vehículo privado
Yolanda Redondo, secretaria general de la Federación Catalana de Transportes de Barcelona (TRANSCALIT), lamenta que se "demonice constantemente el uso del vehículo privado", y lamenta que se quiera limitar la movilidad por carretera "sin ofrecer alternativas". "Todos compartimos la finalidad de tener un entorno más limpio, lo que no compartimos es el cómo", relata la portavoz.
Protesta de transportistas en Barcelona
La secretaria general de la entidad asegura que "no tiene sentido disminuir el transporte privado sin un refuerzo suficiente de la red de transporte público", además de incidir en que esta medida seguiría sin cubrir la demanda del "transporte de mercancías".
Garantizar el transporte privado
Evaristo Magaña, presidente de la Asociación de Transportistas Agrupados Condal (ASTAC), reclama que "no se reste excesivamente el circuito del transporte privado", un temor del colectivo tras la numerosa implementación de "carriles bici, bus/VAO y superillas" que se ha producido en Barcelona.
El líder de la entidad apunta que los transportistas han sufrido perjuicios durante los últimos años como el "recorte de las áreas de carga y descarga", y recuerda que "muchos trabajadores vienen a repartir a Barcelona desde polígonos que están a las afueras".
Compatibilizar transporte público y privado
Rosa Fiol, directora general de la Asociación Empresarial y Unión Patronal Metalúrgica de L'Hospitalet y Baix Llobregat, explica que "durante los últimos años las empresas y las personas trabajadoras se ven condicionadas por las decisiones urbanísticas que afectan gravemente la actividad económica", lo que provoca el "caos en los polígonos de actividad económica y en las ciudades".
La portavoz del colectivo subraya que "el vehículo privado y el transporte público son compatibles", y remarca que "no se puede culpabilizar por el uso del vehículo privado, cuando es una necesidad social y un vertebrador con nuestro entorno". Además, añade, "la movilidad es un derecho reconocido en el Proyecto de ley de movilidad sostenible en curso y en el informe del Parlamento Europeo sobre movilidad urbana sostenible".
Por todo ello, la asociación destaca la necesidad de "impulsar cambios normativos que garanticen proporcionalidad y prudencia en las acciones urbanísticas, garantizar alternativas reales y funcionales, mayor atención a las mejoras que implementa la automoción y priorizar las medidas menos restrictivas". La entidad también reclama "supeditar las medidas urbanísticas con efectos en la Distribución Urbana de Mercancías (DUM), a criterio del sector, en las mesas de negociación de movilidad"; así como "consenso y uniformidad de acción urbanística y en las ZBE".