Dos nuevas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avalan la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que Barcelona actualizó en el año 2023 y allanan un camino favorable para los municipios del Área Metropolitana de Barcelona que han implantado la misma regulación, como L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs o Santa Coloma de Gramenet.
Las dos resoluciones, publicadas por El Periódico, desestiman los recursos del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona y de la Plataforma d’Afectats per les Restriccions Circulatòries, que habían solicitado la nulidad de la regulación medioambiental, si bien estos últimos han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo.
Revés judicial
Tanto el TSJC como el Supremo tumbaron la regulación barcelonesa de 2019 porque consideraron que la norma no estaba suficientemente justificada. Un argumento que ahora el tribunal ha rectificado con la actualización, que únicamente veta a los vehículos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT).
"En la ordenanza de ZBE 2023 no se puede afirmar, como sí lo hicimos con la anterior del 2019, que los encargados de elaborarla no tengan la información necesaria que les permita estimar qué impacto tendrá en los ciudadanos", reza en la sentencia.
De hecho, el TSJC reconoce el varapalo que el Tribunal de Justicia de la UE ha invocado sobre España con relación a la contaminación en Barcelona y Madrid y que está legalmente soportada por la ley estatal de cambio climático y el real decreto que la desarrolla.
Una cámara que multa en una Zona de Bajas Emisiones en una imagen de archivo
AMB
El AMB ha celebrado este martes el aval del TSJC y ha reivindicado la "solidez jurídica del modelo metropolitano de ZBE".
Fuentes del organismo supramunicipal han asegurado a que la regulación desplegada en la Gran Barcelona garantiza "seguridad jurídica, coherencia territorial y eficacia ambiental".
Asimismo, ha defendido que "desde el primer momento" el ente metropolitano ha abogado por incluir medidas de apoyo a los colectivos más vulnerables, con alternativas de movilidad y mecanismos para que nadie se quede atrás en la transición hacia una movilidad metropolitana más sostenible.